El conflicto venezolano ha escalado en las últimas semanas hasta llegar a unos niveles tales que comprometen seriamente la gobernabilidad del país. No obstante la respuesta de la comunidad internacional no parece marchar a la par del agravamiento de la situación venezolana, y muchos ciudadanos se preguntan que más tiene que pasar para que haya una respuesta más contundente ante el drama político, social y económico que atraviesa el país.
En la última Asamblea General de la OEA realizada en Cancún la crisis venezolana fue la gran protagonista. Gracias a la iniciativa del canciller mexicano, 20 países de la región intentaron aprobar una declaración que fijara postura sobre la situación de nuestro país.
Perú impulsó una declaración en la que se exhortaba a detener la Asamblea Nacional Constituyente, la liberación de los presos políticos e iniciar de inmediato una mediación liderada por un grupo de países amigos.
A pesar de que la iniciativa mexicana contaba con respaldo de países como EEUU, Canadá y Perú, no fue posible alcanzar un acuerdo en el organismo para aprobar la resolución y una vez más no hubo una declaración contundente con respecto a la situación del país, debido a la votación de algunos países pertenecientes al Caricom, que son beneficiarios directos de los acuerdos de Petrocaribe. La diplomacia petrolera se impuso sobre los principios del sistema interamericano.
A nuestro juicio, lo que dejó en la claro la Asamblea General de la OEA es que la comunidad internacional aún no cuenta con el marco jurídico e institucional adecuado para enfrentar situaciones como la venezolana, y en realidad es muy poco lo que puede hacer.
Lo cierto es que, en pleno siglo XXI, la que fue una de las democracias más sólidas del hemisferio, que acogió en su seno miles de exiliados de las dictaduras de izquierda y derecha que asolaron el continente en el siglo pasado, degeneró en un Estado fallido.
Si tomamos la atribución clásica de Max Weber de las características del Estado moderno, encontramos entre las principales el monopolio de la fuerza. Más recientemente, se entiende que el Estado fallido es aquel que ha dejado de cumplir sus funciones básicas como brindar seguridad física, administración de la economía y bienestar social a sus ciudadanos. En suma, el Estado fallido es incapaz de garantizar a los ciudadanos los derechos civiles, económicos, sociales y políticos.
Una de las características más notorias de los Estados disfuncionales es la debilidad institucional, que a su vez produce una situación de ingobernabilidad que mina todo el sistema político, económico y social. Inevitablemente, en los Estados fallidos el imperio de la ley es sustituido por la ley del más fuerte, santo y seña del estado hobbesiano de naturaleza.
Entonces nos encontramos ante un punto crítico que deberá ser estudiado muy pronto por los especialistas en el área, ¿cómo puede un Estado fallido relacionarse con el resto de la comunidad internacional? Y ¿cómo puede un gobierno que se encuentra al margen de su propia constitución seguir representando a sus ciudadanos ante la comunidad internacional?
No cabe duda que el caso venezolano contribuirá a dar respuesta a estas interrogantes. El gobierno decidió ignorar la tragedia que vive el país y hasta el momento no ha implementado ninguna política social para aliviar la grave crisis alimentaria y de escasez de medicamentos que sufre el país. Al mismo tiempo, los mecanismos diseñados por la ONU y sus organismos asociados para ayudar a los países a aliviar este tipo de crisis no pueden ser activados porque sólo corresponde al gobierno solicitarlo.
Así como sucedió con la aprobación de la Carta Democrática Interamericana, surgida tras el fin del fujimorismo en Perú, la OEA deberá reformarse en el futuro para garantizar una respuesta oportuna ante situaciones de esta naturaleza. Hasta ahora, los Estados continúan siendo los actores principales de la sociedad internacional, pero esta situación podría cambiar el futuro para atender la complejidad de la situación actual, en la que un Estado deja de cumplir las obligaciones que tiene con sus ciudadanos por mandato constitucional.
