Las últimas intervenciones de Nicolás Maduro en cadena de radio y televisión, constituyen mensajes directos a los organismos represivos y a los grupos paramilitares denominados colectivos, que conducen a la profundización de la crisis política, social y económica que atraviesa el país, al acusar a la oposición y a los disidentes del chavismo, de ser agentes de potencias extranjeras y de promover un golpe de Estado, e incluso de realizar actos terroristas, cuando todo observador más o menos perspicaz y los videos que filman algunos periodistas y manifestantes, revelan que la violencia la ejecutan los partidarios del oficialismo.
Amenazar con la armas si no obtiene los votos necesarios para permanecer en el poder, no sólo viola la Constitución Nacional, sino que se trata de una instigación al terrorismo de Estado. Nada justifica el uso de la violencia por perder unas elecciones, tal como lo hizo Pérez Jiménez el 2 de diciembre de 1952, cuando desconoció el triunfo del Partido Unión Republicana Democrática que encabezaba Jóvito Villalba, e impuso una dictadura militar hasta el 23 de Enero del ’58, cuando fue derrocado por la acción conjunta de la Junta Patriótica y las Fuerzas Armadas.
El rompimiento del Orden Constitucional por parte del Jefe del Estado, con apoyo de un Tribunal Supremo de Justicia que responde a sus intereses partidistas y personales de permanecer indefinidamente en el poder, ha profundizado a tal extremo la crisis, que la oposición, la sociedad civil en general e incluso la Fiscal General de la República, han tenido que desconocer el régimen y llamar a aplicar los artículos 333 y 350 de la Constitución Nacional, en defensa de la propia Carta Magna y por el restablecimiento de la legalidad.
Y aunque la crisis política, social y económica se agudiza, generando una guerra de baja intensidad, es necesario señalar que de acuerdo a la experiencia mundial, si no se busca una solución negociada hoy, después de más de 80 venezolanos asesinados, los actores políticos tendrán que acordarla mañana, en un futuro indeterminado, si continúa la represión y la protesta ciudadana, después de centenares o miles de muertos en una confrontación fratricida.
Un solo ejemplo es suficiente para repensar los peligros que corre nuestra población y en particular nuestra juventud. Si después de 52 años de guerra, más de 200 mil muertos y millones de desplazados, los colombianos llegaron a un gran acuerdo nacional, entre el gobierno que preside Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, que pone cese al conflicto y abre las perspectiva de una paz duradera, no puede ser descabellado pensar que en nuestro país, con la participación de destacados representantes del gobierno y la oposición, y de organismos internacionales interesados en superar la mayor crisis económica, social y política que vive Venezuela, se encuentren mecanismos de negociación que conduzcan a la estabilidad de un estado de derecho. Esto lo escribimos hace apenas uno o dos meses.
El llamado a los venezolanos a un Acuerdo Nacional para la transición, dirigido a todos los ciudadanos, sin distingo de ideologías o de su militancia política, interesados en procurar un cambio del régimen de tendencia totalitaria por un gobierno democrático, que han propuesto diversos sectores pacifistas nacionales e internacionales, puede y debe interpretarse por su contenido general, como una convocatoria a restablecer la vigencia plena de la Constitución Nacional Bolivariana de Venezuela.
Un gran acuerdo que ponga en vigencia todas las instituciones que caracterizan la democracia plena: libertad de los presos políticos, regreso de los exiliados; autonomía a los Poderes Públicos, Jueces que juzguen y condenen a los culpables de delitos, por razones de verdadera justicia y no por venganza política. En síntesis, que se cumpla la Constitución Nacional, la Carta Interamericana Democrática y todos los acuerdos internacionales en la materia aprobados y refrendados por Venezuela.
