La Dra. Blanca Rosa Mármol, ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, se siente mortificada ante el último disparate cometido por la Sala Constitucional del máximo tribunal de la República: haberle transferido las competencias de la Fiscalía General de la República al defensor del pueblo.
Se trata de una contradicción porque Tareck Williams Saab tiene como función defender los derechos de todos los ciudadanos, pero ahora pasa a ser el acusador de todos ellos.
Esta decisión absurda, ilegal e inconstitucional fue tomada porque la fiscal, Dra. Luisa Ortega Díaz, introdujo los recursos que por la naturaleza de su cargo la obligaban a realizar ante el Supremo por la violación a la Constitución tanto por las sentencias 155 y 156, que le quitaban las atribuciones a la Asamblea Nacional y le daban poderes ilimitados al Presidente, además de haber solicitado la nulidad de la convocatoria a la Constituyente y a las bases comiciales planteadas por el propio jefe del Ejecutivo Nacional.
Se le están quitando sus atribuciones constitucionales por no responder a los designios del Poder Ejecutivo, dijo la Dra. Mármol de León cuando fue entrevistada telefónicamente por EL IMPULSO.
Contra la fiscal el diputado Pedro Carreño introdujo una solicitud de destitución por considerarla inapropiada para el cargo, el defensor del pueblo pidió una interpretación a la Sala Constitucional para lograr que él pueda ejercer las funciones de ella y le niegan todos los recursos que legalmente le correspondía hacer bajo argumentos traídos por los cabellos.
Aún más, la Sala Constitucional, ha anulado la designación del vice fiscal y la resolución de dicho nombramiento, que fue una decisión de la fiscal apegada a la ley.
La han sacado del juego porque está actuando conforme a derecho, aseveró la ex magistrada. Todo lo que se ha hecho en la Sala Constitucional es para que el Ejecutivo recupere el control que tenía del Ministerio Público.
El resultado que arroja la última decisión es que se ha designado un fiscal alterno, que no sólo violenta las funciones de la titular, sino que violenta la Constitución y va a cometer el disparate de defensor y acusador al mismo tiempo.
Estamos en una situación muy clarísima de Golpe de Estado, expuso. En primer término, la Sala Constitucional utilizando el pretexto de un fulano desacato, no ha dejado actuar a la Asamblea Nacional que tuvo el apoyo de 14 millones de personas.
Y en segundo lugar, el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en el poder tras la presidencia de la República y ha sido el refugio del régimen después que éste dejó de tener el control del Poder Legislativo que le permitía al Presidente legislar a sus anchas y no ser controlada su gestión y sus desafueros.
Cuando ya el Consejo Nacional Electoral y la Sala Constitucional le abrieron el camino al jefe del gobierno para convocar su Constituyente y nombrar a los delegados, Nicolás Maduro sale a ofrecernos balas a una población indefensa, que ha estado en la calle protestando contra su proyecto de consolidar su mal llamada revolución.
Ante esta amenaza, dijo, se activan los artículos 333 y 350 de la Constitución, que le dan a todos los ciudadanos, sin excepción, el derecho de mantener la vigencia del texto constitucional y el desconocimiento del régimen. Hay que seguir en la calle porque ese es un derecho que tenemos.
