Cada sector enciende su alerta y analiza las consecuencias. El llamado a Asamblea Nacional Constituyente (ANC), pronunciado por el presidente Nicolás Maduro el pasado 1º de Mayo, descrito por una parte de la opinión pública como “írrito”, inquieta no sólo a políticos y empresarios, sino también a sociedad civil, por los cambios en la estructura de país que se puedan generar.
El gremio económico podría ser uno de los más afectados, por lo que en Lara, se organizan no sólo para protestar, sino que también a través de asesoría jurídica para introducir documentos de rechazo en instituciones regional del Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Fiscalía General de la República. También realizan foros y talleres para concientizar a la población sobre las posibles secuelas de una Constituyente. Las alarmas no se deben apagar.
La ANC no sólo tiene un objetivo primicialmente político, de hacerse del poder de otras instituciones y limitar aún más el campo de acción de la oposición, también guarda un propósito económico. A través de este instrumento podría no sólo no llamarse a elecciones de ningún tipo, sino que el Gobierno podría endeudarse, sin el aval o aprobación de la Asamblea Nacional (AN), poder de mayoría opositora.
Así lo analiza el economista y docente de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Luis Oliveros, quien aseveró que el desarrollo constituyentista podría tomar hasta dos años, periodo en el que la nación estaría sumida en un ambiente de incertidumbres.
No sólo aumentaría el presidencialismo en el país y podría crearse una especie de monarquía, sino que se ampliaría la figura y los alcances del llamado “poder comunal”, lo que sumado a la actitud del actual régimen, limitaría la figura de la propiedad privada y cambiaría esta por propiedad comunal.
La ANC no garantiza entonces ningún bienestar para los venezolanos, sino la concentración del poder en un grupo, que continuará con la práctica de “satanizar el pensamiento opositor”. Se llevaría la radicalización al extremo.
Oliveros crítico que otro de los posibles objetivos sea dar rango constitucional al financiamiento del déficit fiscal, operación que genera severas distorsiones en la economía.
“Es difícil pensar que la economía pueda mejorar con la Constituyente, porque es un ahuyentador de inversión privada e internacional”, comentó.
Al consultarle sobre el costo económico que representa para el país la elección del proceso Constituyente y cómo afectaría el ambiente en la nación, comentó que “no hay mejor gasto en bolívares para el Gobierno que aquel que les permita mantenerse en el poder, ya que la salida del Gobierno de algunos de ellos tiene costos personales demasiado grandes… No les importa ese dinero que se gaste, que puede ser usado para alimentos y medicinas.Tampoco importa la inflación”.
Agregó que parte importante de los recursos obtenidos con la venta de bonos Goldman Sachs, podría ser destinado para este proceso.
Asimismo, aseveró que resulta complejo pronosticar los niveles de inflación posibles durante el desarrollo de un proceso constituyente. Sin embargo, acotó que la inflación mensual de enero a mayo fue de 18% promedio. Si a esto se suma la aceleración con que incrementa la tasa paralela y el aumento de la tasa Dicom, las diferencias políticas y el cierre de empresas, es posible pensar que la inflación se agravará entre junio y agosto.
Estiman que al cierre del año la inflación sea de 800% y la caída del Producto Interno Bruto (PIB) oscile entre el 7% y 10%.
Los comerciantes llevan el mensaje
A propósito de concientizar al sector y la población en general la Cámara de Comercio de Lara, realiza talleres sobre el planteamiento de ANC y sus consecuencias, junto a su asesor jurídico Julio Pérez Graterol. Han visitado poblados como Carora, Sanare y Cubiro. Esperan continuar con la actividad.
Así lo expresó Rita Betancourt, presidenta de la cámara en la entidad quien recordó que el gremio económico de Lara también ha consignado múltiples documentos en instituciones públicas en rechazo al proceso Constituyentes y otras faltas de ley cometidas por el Gobierno.
Sobre la información difundida en los foros y talleres, la representante del gremio recordó el derecho de todo venezolano, expresado en el artículo 350 de la Constitución, de desobedecer a la autoridad que falte a los principios democráticos. En este sentido, aseveró que la población civil desconoce al actual Gobierno como una medida de presión que pide se respeten los valores y derechos humanos, que se restituya el país y la democracia.
“El rechazo a la Asamblea Nacional Constituyente se ha hecho público y notorio. El Gobierno deben aceptarlo”, comentó Betancourt quien recordó que los sectores económicos del país han resultado sumamente afectados por las erradas medidas económicas tomadas por el Gobierno, que han desembocado en una crisis social de alcances mayores y el derrumbe de las instituciones en el país.
Repudió la violencia y lamentó que comerciantes y ciudadanía en general se vean afectados por la anarquía en la que está sumida la nación.
Aseveró que la Cámara de Comercio de Lara no sólo está preocupada por sus afiliados, sino por las consecuencias generales que pueda tener la aplicación de este recurso, que en su opinión es totalmente contrario a la paz.
