Hoy, se cumple un mes de la muerte de Manuel Alejandro Sosa Aponte, el manifestante de 33 años de edad y padre de un niño a quien asesinaron de un disparo en la región infraclavicular derecha con salida en la escapular derecha, cuando se desarrollaba una protesta en Valle Hondo, municipio Palavecino.
Hace poco más de una semana, las investigaciones arrojaron como presunto responsable a un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y aún no se ha puesto a derecho.
A través de las experticias encabezadas por el fiscal 21 con competencia en derechos fundamentales, Carlos Muñoz, y la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público se determinó que el hombre que supuestamente disparó el arma de fuego contra Sosa fue el primer teniente de la GNB Johnnuar José Pastor Arenas Castillo, de 30 años y activo en el Destacamento 123 de Cabudare.
Este funcionario castrense, de acuerdo a lo relatado en días pasados a EL IMPULSO por uno de los manifestantes presentes el 25 de mayo cuando hirieron a Sosa, sacó un arma del interior del chaleco antibalas y apuntó hacia los jóvenes.
Inmediatamente después, un muchacho de 18 años se desplomó malherido en el distribuidor Valle Hondo, Sosa corrió para socorrerlo y el mismo uniformado al verlo disparó directo contra él.
El joven a quien Sosa auxilió sobrevivió, pero Manu, como lo llamaban, falleció aproximadamente a las 11:00 de la noche del mismo día.
Hay obstaculización de la justicia
Con Arenas Castillo son 19 los funcionarios de la GNB con orden de captura por estar vinculados con la muerte de tres personas durante las protestas antigubernamentales en el estado Lara y todos siguen libres, 14 de ellos por la muerte de Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo o Tony, como era popular, y cuatro por el asesinato de Eyker Daniel Rojas Gil, ambos fallecidos en abril.
En global, por casos como este a escala nacional se han emitido 23 órdenes de captura contra funcionarios (GNB y policía militarizada), pero ninguno ha sido detenido, tal como lo afirmó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, esta semana.
Distinto ocurrió con el esclarecimiento del linchamiento del teniente retirado Danny José Subero (34), ocurrido el 27 de mayo, día del sepelio de Sosa. Después de varios allanamientos como parte de la investigación, calificados en su momento la mayoría como “arbitrarios” por organizaciones defensoras de los derechos humanos en la región, el Cicpc detuvo a siete personas por presuntamente estar involucrados. Luego, el señalado como supuesto autor del crimen, Anthony Jesús Pérez Torres, fue aprehendido en el sector Los Taladros, en Valencia, estado Carabobo, 11 días después.
El manejo de los mencionados casos dejan en evidencia cierta “discriminación” al momento de aplicar la ley. Así lo observa el abogado y coordinador local del Foro Penal Venezolano, Pedro Troconis, pues se actuó con celeridad para imputar “con pocos elementos de convicción” a las personas por el fallecimiento del excastrense Subero y no ha ocurrido lo mismo cuando los muertos son manifestantes.
De hecho, pone de relieve Troconis, varios de los testigos de la muerte de Sosa pasaron a ser tomados como victimarios: “Esto es lo que está sucediendo en el caso de Manuel Sosa, que los testigos pasaron a ser victimarios en el caso del exfuncionario de la GNB, Danny Subero. Pero se pusieron a derecho, se presentaron al llamado de la justicia y no huyeron como lo están haciendo los funcionarios de la GNB, es decir, hay más valentía por parte de la sociedad civil que por parte de los castrenses”.
Adicionalmente, expone el experto en derecho penal, hay “encubrimiento” y obstaculización de la justicia de parte de oficiales de alta jerarquía, pues al ser superiores de los señalados “lo más correcto es poner ellos mismos a derecho a estos funcionarios ante la justicia venezolana”.
“Sabemos que hay jefes inmediatos que en casos de Caracas ponen a derecho a quienes han cometido delitos. Aquí, lo que hay realmente en el estado Lara es encubrimiento, complicidad, de parte de los funcionarios de alta jerarquía en cuanto a estos 19 prófugos de la justicia”, alerta Troconis.
Haberse demorado en el caso de Tony Canelón, por ejemplo, más de dos meses la presentación de los 14 funcionarios, evidentemente, dice el abogado, suma dudas sobre su inocencia: “Eso agrava la situación personal para ellos, porque no es lo mismo la persona que valientemente se ponga a derecho, si cree ser inocente, y demostrarlo ante el Ministerio Público -porque la presunción de inocencia es un derecho constitucional-, pero se acrecienta esa duda que pueda tener un juez en cuanto al peligro de fuga, porque persona que no se pone a derecho es la que no tiene ninguna intención de enfrentarse a la justicia y de demostrar que no tuvo participación en el hecho. Por el contrario, esta conducta de los funcionarios hace presumir de que fueron partícipes en cada uno de los asesinatos por los que están siendo investigados”.
