Al menos 50 casos de despidos ilegales por razones políticas en instituciones públicas registra, en el estado Lara, la organización Movimiento Vinotinto durante el último año de conflicto en el país.
Por manifestar su rechazo al Gobierno nacional a través de redes sociales, ejercer el derecho ciudadano a la protesta en jornadas pacíficas o participar en un evento constitucional, como lo es el referendo revocatorio, varios empleados del Estado recibieron notificación de despido sin mayores explicaciones de sus superiores.
Según la información que maneja Movimiento Vinotinto, Carabobo es la región con más casos de despidos políticos, seguida por Caracas, Táchira y la entidad larense. Se manejan unas 415 irregularidades de esta índole a nivel nacional.
En ocasiones, explicaron, se abren procedimientos administrativos para amedrentar, violando el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de pensamiento y el compendio de derechos civiles y políticos comprendidos en la Constitución.
Específicamente un 20 de junio, pero del año 2016, empezó lo que para la ONG constituye una nueva oleada masiva de destituciones políticas, tras la suscitada en los años 2001 y 2002 contra trabajadores de Pdvsa.
“Los entes en los que más abusos se han visto son el Seniat, Corpoelec, Ministerio de Educación, Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Salud (…) Venimos observando esto con mucha preocupación porque se ha vuelto sistemáticos. Buscan evitar que la gente se alce contra el Gobierno”, declaró a EL IMPULSO, en rueda de prensa de este miércoles, el representante de la ONG, Carlos Carucí.
Es por ello que, según dijo Carucí, la organización se puso a disposición de las víctimas de atropellos similares para asesorar legalmente y consignar las respectivas denuncias ante el Ministerio Público, la Inspectoría del Trabajo y la Defensoría del Pueblo.
“Si usted es una persona que se está expresando libremente le aconsejo que siga haciéndolo porque esa es una acción respaldada en la Constitución y las normativas legales de Venezuela. No se rindan y dejen el miedo”, sostuvo, al mismo tiempo en el que recordó que pueden contactar a la ONG en redes sociales como @Movinotinto.
“Me siento desprotegida”
Eleonora Dapo fue la primera funcionaria pública despedida en Lara, hace un año, por firmar a favor de referendo revocatorio contra Nicolás Maduro.
Una noche de trabajo llegó un oficio de Caracas y su jefe de división la notificó, sin esclarecimientos.
No le pagaron sus prestaciones sociales y perdió todos los beneficios salariales.
“Las ocho personas que quedamos para validar fuimos despedidas (…) Es una vulneración grosera de derechos elementales (…) Me siento desprotegida porque la Defensoría del Pueblo, ni ninguna institución aboga por nosotros. No hay Estado de Derecho”, declaró Dapo.
Asimismo, recordó, tiene esperanzas en la actuación del Ministerio Público, órgano poseedor del expediente, tras el cambio de postura de la Fiscal General de la República.
