Si a usted, como profesional de la Economía, lo llama el Presidente, ¿qué le recomendaría? Es pregunta frecuente en espacios académicos y tertulias de ocasión. La respuesta, en mi modesta opinión, es: no se puede hacer nada. Explico las razones.
En primer lugar, aquí no hay una crisis. O mejor dicho, lo que un sector del país denomina crisis, otro lo entiende como resultado tremendamente exitoso, pues se está acabando con el capitalismo salvaje. De modo que, si el paciente no está enfermo, no es necesario tratamiento.
Segundo. Lo que la ciencia médica reconoce como remedios, en Economía se denomina política económica. Conjunto de estrategias y medidas para corregir fallas en el funcionamiento del mercado (desempleo, inflación, poca inversión, muchas importaciones, baja producción, escaso poder de compra de la población, etc.), ruptura de los equilibrios básicos, es la expresión de rutina. En la caja de herramientas, es decir en los libros de textos y en las lecciones aprendidas en experiencias previas, en base a un diagnóstico (evaluación de indicadores) se recomienda modificar (subir o bajar) tasa de cambio, tasas de interés, impuestos, salarios, pensiones, encaje legal, etc., que en los términos de la disciplina denominamos políticas expansivas o contractivas. El gobierno venezolano desde 2005 decidió, sin importar los estragos que pueda causar, que aquí todo es expansivo, porque somos una potencia energética y por desprecio a la “economía burguesa”.
La narrativa de potencia sostiene que la fluctuación del mercado petrolero y las caídas bruscas de precios, son asuntos del pasado. De ocurrir, serían “situaciones extraordinarias, excepcionales, pasajeras”, de repercusiones leves y fácil corrección. Tal como sostiene el párrafo inicial del decreto de Emergencia Económica, renovado en varias ocasiones. Superada la contingencia, un descalabro ocasional de los precios, o sabotajes auspiciados por los enemigos, la política económica (fiscal, monetaria, cambiaria y de precios) cuya misión es “atenuar los efectos de las fluctuaciones recurrentes de auge y depresión”, está de más, carece de sentido. Puede haber algunos problemas políticos con repercusión en la población, pero no hay fallas en la conducción. Hay especulación, no inflación.
Sentados obre esta presunción, Venezuela no necesita economistas. Ni política económica, tal como ha ocurrido, y no por casualidad. Como nada hay que estabilizar, sus funciones son otras, y otros los actores: a) diseñar-formular-ejecutar programas gubernamentales de reparto de la renta, mientras se exalta la figura del líder; b) establecer regulaciones y controles destinados a frenar a especuladores, saboteadores, acaparadores; y c) suscripción de acuerdos de integración política con países amigos, que sirvan para abastecer los programas del punto a) y detengan la expansión del sector privado, señalados en el punto b).
Lo que hace las veces de política económica –explicado más abajo- se asienta sobre valores absolutos: independencia, dignidad, justicia, igualdad, libertad, democratización, costos y precios justos, suprema felicidad, etc. Sobre este riel discursivo cualquier medida corre con la buena suerte de ser aceptada, en principio. Los problemas vienen después, cuando nos enfrentamos a la realidad, las colas, desabastecimiento, captahuellas, bachaqueo (…) y se va descubriendo de qué se trata el asunto. Quiero decir, ¿quién puede oponerse en su sano juicio a la suprema felicidad o al propagandístico precio justo, solidario? La tragedia estriba en que, una vez descubierto o detectado un problema, no hay correctivos, hay culpables.
Lo que sustituye a la política económica es una profusa normativa sujeta a modificaciones y ajustes recurrentes. Decretos, resoluciones, reglamentos, providencias que circulan en “dos canales”: constriñen la acción de los agentes privados y expanden la intervención gubernamental. Por esta razón, la denominación correcta es régimen económico de la potencia, con sus respectivos subregímenes (cambiario, fiscal, monetario, comercial, etc.). Por ejemplo, van 38 Convenios Cambiarios (algunos de ellos reformados varias veces), 17 providencias derogadas, 16 resoluciones cambiarias y 9 esquemas cambiarios. Un régimen con señalamientos precisos acerca de las competencias del órgano rector, por lo general adscrito a la Presidencia, pero carente de reglas a priori, o para que se entienda mejor, con reglas sobre la marcha. Sin excepción, cada regulación incluye una frase del tipo: “Cuando considere conveniente, la autoridad podrá modificar (…)”.
Tercero. En Venezuela se impuso un régimen económico, con la venia del poder legislativo, mediante la concesión temporal de poderes especiales al Presidente (leyes habilitantes), susceptible de prórrogas. Con tal dispensa, el Presidente se auto-otorga poderes para crear organismos ad hoc, o emitir decretos inapelables. Síntomas de lo que no haría más que acentuarse después, un modelo económico sin propietarios individuales, donde el Estado se confunde cada vez más con el partido gobernante, con un fárrago de leyes que impide el funcionamiento del mercado y sin concurso de especialistas.
Entenderá usted, amable lector, que hasta tanto no se levanten controles, leyes y todo el tinglado de restricciones, la cosa no puede funcionar. Y no puede haber solución a la crisis mientras no consulten expertos, por la misma razón que nadie se cura de la gripe, ni deja de llover emitiendo decretos ministeriales.
