Las circunstancias han cambiado, son más agudas e intensas. En el discurso sindicalista, político y social de los últimos días, se ha dejado escuchar la palabra “huelga” y aunque la noción de este instrumento legal traslade al colectivo al Paro Cívico Nacional 2002-2003, contra el fallecido presidente Hugo Chávez en rechazo a 49 leyes habilitantes, figuras públicas que hacen mención de la herramienta, aseveran que esta vez la medida se articula de manera distinta.
La pasada semana en la 106º Asamblea de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, representantes sindicales venezolanos reiteraron el derecho a la huelga que les ampara y solicitaron al organismo internacional una Comisión de Encuesta (como ocurrió en 1982 por la Federación Sindical Polaca), así como su actuación en el conflicto vigente, a propósito de velar por la libertad y la democracia del país; la petición basa en el Convenio Nº87 también suscrito por el país, configura en sí misma un respaldo.
Sin embargo, aún no se ha realizado una convocatoria formal. Los planteamientos no se materializan. Además de la incertidumbre, existe temor por parte de algunos trabajadores ante la posibilidad de ser despedidos, no percibir sus salarios ni otros beneficios durante el proceso.
Al respecto fue consultado Iván Freites, secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores Petroleros de Venezuela, quien advirtió que a diferencia del llamado a Paro Cívico Nacional, esta vez “las cosas se hacen de manera distinta”, “no improvisadamente”, sino con previas solicitudes de respaldo.
En la actualidad las condiciones son aún más graves. Los sectores laboristas cuestionan el llamado a la Constituyente Sectorial porque sólo participarían un grupo de venezolanos, lo que también evidencia la violación del orden constitucional y la intención de eliminar la Carta Magna en sí misma.
La atmósfera venezolana está cargadade malestar por parte de los trabajadores, quienes manifiestan su desacuerdo con el rompimiento del hilo constitucional, ya que el mismo instrumento establece en su artículo 5 que la soberanía venezolana reside en el pueblo y es ejercida por voto.
Respecto al articulado relacionado con el sector laboral, Freites hizo referencia al artículo 89, que reza sobre la progresividad de los derechos del trabajador, los cuales son intangibles; el artículo 91, relacionado con el salario básico, que debe ser el costo de la Canasta Básica Familiar (según Cendas – CVM supera el millón de bolívares); y el artículo 96, sobre las garantías y respeto a la convención colectiva como instrumento, cuyos salarios allí establecidos quedan desfasados por los constantes ajustes salariales, sumado a que la inflación pulveriza el resto de los beneficios. La violación a la Constitución no sólo trastoca los derechos humanos, sino también laborales, ambos relacionados.
Freites recordó que el derecho a la huelga, también establecido en el artículo 97 de la Constitución, no es “una dádiva” del Gobierno, sino una conquista universal de los trabajadores, también establecida en convenios internacionales suscritos por Venezuela.
Sobre este punto, Marcela Máspero, presidenta de la Unión de Nacional de Trabajadores (Unete), la Federación de Industria Química Farmacéutica (Fetrameco) y secretaria de integración institucional de Nueva Confederación Alternativa Democrática Sindical de las Américas, explicó que el pasado 9 de mayo representantes sindicales sostuvieron un encuentro nacional a propósito de analizar el llamado a Constituyente, el cual fue tipificado como “fraude”, razón por la cual se planteó como acción la convocatoria a la Huelga General, con base en el artículo 350 que permite al pueblo desconocer cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas.
El movimiento laborista ha pulsado la opinión de las conformaciones sindicales del interior del país y la información recogida es que nueve de cada diez ciudadanos rechaza el llamado a Constituyente; e igual número de venezolanos desea que cambie el Presidente de la República.
Como parte de esta propuesta, los grupos laboristas también plantearán a la Asamblea Nacional que se promulgue una ley de protección a los movimientos de trabajadores y sociales, los cuales formen parte de estas luchas, a fin de que mantengan sus derechos y reivindicaciones.
Pedir permiso…
Sobre el permiso que debe otorgar la Inspectoría del Trabajo a la huelga, Freites reconoció que es muy probable que este no sea aprobado, pero el procedimiento en sí mismo limita una garantía ciudadana. “Sabemos cuál será la respuesta de la institución, porque prácticamente han eliminado el derecho a la huelga establecido en la Constitución. Pero ahora nos protegeremos con las garantías establecidas en los convenios fijados desde la OIT”.
Es de recordar que el pasado 12 de junio, Unete y la Confederación General del Trabajo (CGT) introdujeron un escrito ante la organización internacional referido a la posibilidad de que en determinado momento se llame a huelga en el país. Esto con el propósito de que la organización garantice lo establecido en los convenios signados por Venezuela.
El llamado se haría con base en lo establecido en la Constitución, puesto que como trabajadores y ciudadanos el sector se resiente de la situación que atraviesa el país, así como el llamado a Constituyente, proceso que podría modificar lo allí establecido.
-En esta situación no se pone en juego solamente un salario, sino la violación constante de los derechos de los venezolanos y el país entero, la institucionalidad y la democracia, porque si no hay democracia, no hay sindicatos ni convención colectiva, tampoco salarios ni beneficios laborales… sería una situación de caos legalizada a través del fraude constituyente, la legalización de la dictadura y la perpetuación en el poder de un grupo.
La caída productiva de las industrias y fallas en el comercio, el deterioro del sistema de salud y la falta de acceso a viviendas y salario digno son consecuencia de las políticas de Gobierno, contra lo cual se propone protestar el sector laborista. El objetivo es luchar para que el Gobierno de turno cumpla y vele por la consumación de estas garantías.
Sobre si se justifica el llamado a huelga, aún tomando en cuenta que la figura en la Ley Orgánica del Trabajo, establece que se trata de un recurso contra su patrono, Freites explicó que la convocatoria está basada en las fallas de beneficios de origen laboral, ocasionadas a todos los venezolanos por las erradas políticas de Gobierno, violatorias de la Constitución. El Ejecutivo también es patrono público.
-El Gobierno ha desaparecido el salario y con esto ha violado las convenciones colectivas así como otros derechos, que según la ley venezolana son progresivos, articulado que han incumplido y que quieren eliminar de cuajo con la Constituyente.
Desde la CTV
En 2002-2003 Fedecámaras y CTV fueron las organizaciones que realizaron la convocatoria a paro. Al consultar a Héctor Contreras -vocero para Lara de la confederación- si de nuevo realizarían un llamado de este tipo, recordó que la figura está contemplada en las leyes nacionales y legislaciones internacionales, referidas a los derechos humanos y laborales, en tanto apoyarán exhortos de este tipo si provienen de la misma masa trabajadora.
Reiteró que la CTV ha acompañado a la sociedad civil en diferentes expresiones de calle legales y que así seguirá siendo.
Sobre lo ocurrido alrededor del anterior Paro Cívico, cuyas consecuencias aún generan controversia entre la opinión pública, expresó que en aquel entonces la OIT dictaminó como legal la huelga general de reclamos sociales.
Apuntó que el llamado a huelga fue respaldado por la organización porque provenía de la sociedad. Sin embargo, la confederación se aisló del proceso al tomar senderos políticos.
En la actualidad el posible llamado a huelga se mantiene latente porque las condiciones de vida de los venezolanos, por demás trabajadores, se han deteriorado. Los sectores productivos se encuentran paralizados en la práctica y operatividad, por falta de materias primas, recursos y garantías, por lo que los ciudadanos ni siquiera logran adquirir productos básicos como alimentos y medicinas.
Insistió que la CTV en este momento, no convoca a paro cívico pero respaldaría cualquier iniciativa ciudadana, puesto que durante varios años se han hecho propuestas para la resolución de problemas, pero no ha habido respuesta ni reacción favorable por parte del Gobierno Nacional.
