Hasta ahora no han sido precisadas las razones por las cuales el Consejo Nacional Electoral está solicitando de las universidades nacionales, públicas y privadas, sus registros estudiantiles, requerimientos que algunos de esos centros de estudios superiores han rechazado.
A nivel del estado Lara, no ha habido aún pronunciamiento alguno por parte de sus autoridades y con respecto al sector estudiantil, se espera un pronunciamiento para las próximas horas.
Sin embargo, el vicepresidente del Movimiento Estudiantil Somos UFT, José Manuel Vargas, dijo que el tema está siendo analizado con detenimiento, dando a entender que se desconocen los motivos que tuvieron quienes dirigen el ente comicial para esa solicitud cuando tienen a mano el registro electoral de todos los venezolanos autorizados para votar.
Además, en el ministerio de Educación Superior deben poseer la data de todo el estudiantado que a nivel nacional cursa en las universidades públicas y privadas.
Aunque insistió que el tema debe ser discutido en el seno del movimiento porque desconocen si la directiva de la UFT respondió positivamente a la petición del CNE, además de que, hasta ahora, las informaciones que tienen sobre el particular son extraoficiales.
Sin embargo, presumen que el Gobierno nacional, con ese procedimiento, trata de influir entre el estudiantado de la universidad regional para que dejen de creer en sus autoridades, o lo que es lo mismo, entorpecer las relaciones que pudieran exisitir entre los dos sectores.
Aunque, aclaró, no existe en la actualidad plena confianza por parte del estudiantado de la UFT con la directiva como ocurría hasta hace algún tiempo, pero esperan de ella una información oficial sobre el particular.
Por otra parte, entre las casas de estudios superiores que han rechazado la petición del CNE se encuentra la UNIMET, Universidad Metropolitana, cuyo consejo académico emitió un comunicado expresando, “no considera procedente suministrar al CNE los datos de su registro estudiantil, entendiendo que, de hacerlo, lejos de contribuir al ejercicio de un derecho ciudadano, estaría convalidando un acto repudiable desde el punto de vista constitucional, republicano y democrático”.
