Por las muestras y experiencias que se tienen de la Sala Constitucional y de la Electoral, sabemos que una Sala Plena no es apta para tomar una decisión en cuanto a enjuiciar o no a un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, pues su imparcialidad está manchada, emancillada, mucho menos será imparcial para juzgar o tomar otra acción como la tomada por la Fiscal General de la República de una solicitud de antejuicio de mérito contra el Presidente de la República.
La consideración la hizo el abogado Pedro José Troconis Da Silva en el marco del foro, Escenario Legal en Venezuela, celebrado este miércoles en el salón de sesiones del Concejo Municipal de Palavecino, organizado por el Foro Penal Venezolano, Movimiento Universitario Eficiente y la Fundación Universitas.
En el evento, al que asistieron, en su mayoría, estudiantes de derecho, los abogados Troconis, Domingo Salgado y Amado Carrillo, respondieron preguntas sobre los últimos acontecimientos en los que ha estado involucrado el máximo tribunal de la República.
Muchas de las interrogantes del público estuvieron relacionados con las recientes actuaciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, concretamente las solicitudes de destitución de magistrados del TSJ.
El miembro del capítulo Lara del Foro Penal también se refirió a la solicitud que el defensor del Pueblo, Tareck William Saab, hizo a la Sala Constitucional de un recurso de interpretación sobre sus atribuciones en casos de violaciones a los derechos humanos.
Dijo que, “él tiene definidas, de manera clara y precisa, cuáles son sus atribuciones, que nunca ha ejercido, pues ni siquiera ha estado pendiente de lo que está sucediendo en estos momentos de tantos heridos, represión, personas que han fallecido por el actuar de los funcionarios de seguridad del Estado; ahora pretende, tratando de involucrar al Poder Judicial, quitarle ciertas potestades al Ministerio Público para atribuírselas él, cuando tiene asignado el seguimiento, control, vigilancia de todos aquellos casos donde exista violación de derechos humanos, esa es su labor”.
Con respecto a las últimas actuaciones de la fiscal Luisa Ortega Díaz, señaló que están en consonancia con lo que son las atribuciones del MP, como la solicitud de nulidad de los pasos que se han dado para la Constituyente.
Afirmó que el TSJ pasó a ser un empleado más del Poder Ejecutivo y consideró que si el mismo tribunal superior está al margen de la ley, no puede exigírsele al pueblo que no lo esté, cuando protesta en la vía pública.
De acuerdo a esa opinión, no se justifica la represión que los organismos de seguridad del Estado, como Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y Sebin desata contra participantes en manifestaciones pacíficas organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática pues con esas actuaciones es el Gobierno el que se pone al margen de la ley.
