Este miércoles el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, José Luis Pirela, acudió a la Fiscalía General de la República con el fin de solicitar un antejuicio de mérito de carácter penal contra el comandante de la Guardia Nacional, general Benavides Torres.
En este sentido, explicó que el componente perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en más de 70 días de protestas se ha convertido en un factor de violencia en el país, haciendo uso desproporcionado de la fuerza, al perseguir, torturar, y hasta desnudar a detenidos como se puede comprobar en fotografías y videos.
“Es inadmisible que el ministro de la Defensa, general Padrino López, haya dicho públicamente que uno de sus componentes, que es la Guardia Nacional, esté cometiendo atrocidades y no exista una rectificación por parte de la Guardia Nacional.
Cada día que pasa, como ocurrió en El Paraíso, la Guardia Nacional arremete de manera salvaje, desproporcionada y brutal contra los venezolanos”, manifestó Pirela.
Asimismo, aseveró que llegó el momento de abrir una investigación contra el general Benavides Torres, y se establezca responsabilidad directa contra él y contra todos los que han cometido cualquier cantidad de desmanes, despropósitos, persecuciones y crímenes en el país.
“En la denuncia explicamos elementos de hecho y de derecho que configuran los delitos que se han cometido por parte de la Guardia Nacional en perjuicio del pueblo venezolano”, explicó el líder progresista.
El también dirigente nacional del Movimiento Progresista de Venezuela, enfatizó que el pueblo venezolano está demandando el incumplimiento del juramento de funcionarios y parlamentarios oficialistas que están más al servicio del “celestinaje y de las brutalidades cometidas por el Gobierno y el G2 cubano”, que de la responsabilidad que tienen.
Finalizó con la interrogante de ¿Quién gobierna en Venezuela?, pues a su juicio existe una crisis donde gobiernan los cubanos y el Gobierno son una expresión policéntrica donde hay diferentes mandos, y una evidente acción violatoria de la Constitución y las leyes de Venezuela.