La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, persistió en su pugna contra la Asamblea Constituyente convocada por el presidente Nicolás Maduro y este jueves presentó tres nuevos recursos, pese a que la corte de justicia le rechazó otras acciones que buscaban su anulación.
La Fiscalía informó que Ortega interpuso ante las salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) los recursos contra dos decretos en los que Maduro convocó la Constituyente y fijó el sistema de elección de los asambleístas.
Además, la fiscal presentó una acción legal contra decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE), acusado al igual que el TSJ de servir al gobierno, que avalaron el proceso impulsado por Maduro y establecieron como fecha de elección de la Asamblea Constituyente el 30 de julio.
La fiscal, veterana chavista hoy convertida en la mayor adversaria de Maduro, argumentó en sus recursos que el presidente, según la Constitución, sólo puede «proponer» una Constituyente, pero «esa iniciativa debe ser sometida a la aprobación» de los venezolanos en un referendo.
La convocatoria de Maduro viola «los principios de la supremacía constitucional, la progresividad de los derechos humanos, así como la democracia participativa y protagónica», argumentó la funcionaria, según un comunicado del Ministerio Público.
Ortega pidió la inhibición, para evaluar sus recursos, de ocho magistrados contra quienes pidió un antejuicio por considerar que han «dictado sentencias violatorias del orden constitucional» y de otros jueces «designados de manera ilegal» en 2015 por el Parlamento en ese entonces de mayoría chavista.
En menos de dos semanas, la fiscal ha presentado casi una decena de acciones contra el TSJ, el gobierno y el CNE, lo que ha valido de una andanada de insultos del oficialismo y sus seguidores.
El miércoles, La máxima corte venezolana desestimó un recurso que impugnaba el nombramiento de 33 de sus magistrados, y reiteró su advertencia de que quienes propicien actos contra esas designaciones quedaban sujetos a «responsabilidad penal, civil y administrativa».
El gobierno acusa a Ortega, a quien tilda de «traidora», de ser la «líder de la oposición» y de presentar los recursos legales como «bombas mata-bobo» que buscan reactivar las protestas opositoras que se llevan a cabo desde el 1 de abril, y dejan 71 muertos.
