Con la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, el Gobierno se está jugando su última carta: abandonar la Constitución de 1999, la mejor del mundo según Hugo Chávez, para que el movimiento pacífico de las manifestaciones de calle tenga una reacción violenta y por eso utiliza machaconamente la palabra terrorista para adjudicársela a cualquier manifestante.
Al formular tal consideración, Rafael Uzcátegui, coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), indica que el Gobierno le está poniendo fecha a una confrontación abierta con la convocatoria a la votación de los delegados a ese proceso constituyente.
Uzcátegui, quien estuvo cumpliendo actividades en Barquisimeto, en entrevista concedida a EL IMPULSO, acompañado del sociólogo Nelson Fréitez, afirmó que en estos momentos estamos en presencia de la primera rebelión popular del siglo 21 que tiene un liderazgo compartido entre la dirigencia política de oposición y los manifestantes que se han echado a la calle para reclamar sus derechos constitucionales.
-¿Cuál es el análisis acerca de este enfrentamiento entre una población civil desarmada y un Gobierno que reprime severamente utilizando todos los medios a su disposición?
-Hay dos lecturas a lo que está pasando. Una negativa y la otra positiva.
La primera tiene que ver con la respuesta de un Gobierno que ha dejado de ser una democracia y se ha convertido en una dictadura, según el juicio de Provea, porque aquí se ha suspendido la posibilidad de realizar elecciones democráticas desde octubre del año pasado y ahora esta pretensión de una Constituyente Comunal.
Además, se agrava la crisis económica y es mayor el debilitamiento de instituciones políticas.
Ahora somos más pobres que antes
“No se garantizan derechos sociales sino todo lo contrario, que más bien han originado un crecimiento importante de la pobreza.
Si tomamos las cifras oficiales hoy tenemos en Venezuela más personas pobres que las que consiguió Chávez cuando llegó al poder en 1998”.
-Según las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) del 2013, que fueron las últimas que se divulgaron y hacemos una proyección porque no tenemos más cifras oficiales, hoy tenemos en Venezuela más de 14 millones de personas en situación de pobreza, es decir, casi el 50 por ciento de la población. Esto ha sido generado por una serie de políticas que no han tenido resultados positivos sino que han profundizado los problemas; pero, se sigue reincidiendo en ese tipo de políticas. No hay un proceso de reflexión, de corrección, sino que se están profundizando. Además que ni siquiera hay un reconocimiento a los problemas.
Aseguró que “tenemos un Gobierno que se ha convertido en una gran fábrica de pobreza y que, además, ahora está aumentando la deriva autoritaria con esta convocatoria irregular a la Constituyente”.
-El gobierno le está poniendo una fecha para el aumento de la conflictividad abierta, porque hay un sector de la población que está en la calle y no quiere que ese proceso se dé y hay sectores a lo interno del Gobierno que tampoco están de acuerdo con la propuesta. A eso se suma la violación sistemática a los derechos humanos, por cuanto no son casos aislados.
Hay órdenes que se están dando en Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida y Maracaibo.
Planteó que en contraparte “tenemos la emergencia de un nuevo actor colectivo, que es este de movilización en la calle. Porque tiene novedades importantes. Además, cuando uno se acerca a las movilizaciones se da cuenta que hay el renacimiento de lo mejor del venezolano. Hay la emergencia de un espíritu de comunidad y de cooperación, que pensábamos que se había perdido con toda la intervención del tejido social provocado por el Gobierno. Un ejemplo, la emergencia de los cascos verdes, mecanismo de cooperación que surgió en lo interno de las movilizaciones y se ha emulado en casi todo el país. Tenemos unas personas que están en la calle y que han aprendido de su experiencia previa y entienden que este es un proceso de resistencia de largo plazo. Esto es muy interesante porque el venezolano ha sido cortoplacista. Y aquí la gente entiende que este es un proceso de resistencia prolongada.
Hay una maduración política y cuando uno conversa en la calle se da cuenta que el venezolano ha analizado lo que ha pasado y razón políticamente con mucha altura.
-Ahora hay un liderazgo compartido. Es cierto que los diputados tienen un protagonismo y una convocatoria, pero la velocidad y la manera de hacerlo se lo imprime la gente en la calle. Los manifestantes han entendido la necesidad de esa permanencia en la calle. En medio del saldo trágico que conocemos, hay una lectura positiva, pero ese saldo trágico se ha convertido en mayor combustible para que la gente permanezca en la calle. La represión no ha inhibido, sino todo lo contrario. Todos los días se suman nuevos sectores. Provea ha caracterizado esto como una rebelión popular, la primera del siglo 21 en Venezuela, porque no solamente estamos hablando de movilizaciones en las grandes ciudades, sino en pueblos pequeños y comunidades rurales.
Dijo que en el caso de las grandes ciudades, de zonas, barrios, sectores que habían sido bastiones del oficialismo y que no habían protagonizado procesos de movilización como lo están haciendo ahora. “Caso de Caracas, Valle y Coche fueron los ejemplos que la gente más recuerda, pero hablamos de Caricuao, de El Paraíso, Catia, Petare, Guarenas-Guatire que era un cordón importante de apoyo al oficialismo que hoy se ha sumado al proceso de protestas.
Creemos que va a haber un resultado positivo porque ha habido diferentes avances en ese proceso de movilización y tenemos la certeza que va a haber un sector del Gobierno que va a dar un paso de costado y se va a poner del lado de las demandas populares. Hasta ahora el rostro más conocido ha sido la de la fiscal, Dra. Luisa Ortega Díaz, y de dos magistrados, así como las palabras de Gabriela Ramírez, que fue siete años defensora del Pueblo y ex diputada chavista. Creemos que la segunda fase de resultados positivos va a incorporar pronunciamientos progresivos, que constituirán un triunfo de la protesta no violenta; es decir, sentirse moralmente obligado a tener que poner distancia a rechazar la represión, a decir que la gente tiene que ser escuchada, es un triunfo de la movilización pacífica, que ha protagonizado la población venezolana a pesar de que hay hechos puntuales de violencia.
-¿Esa violencia es generada por individuos identificados con el oficialismo?
-Hay de todo en algunas manifestaciones, pero es evidente que la intención del Gobierno de convertir este movimiento victorioso, pacífico, en violento minoritario. Porque convocar a la violencia, transformar este movimiento pacífico y masivo en violento, es la mejor manera de derrotarlo, de criminalizarlo, de aislarlo, porque los movimientos violentos siempre son de foco. Sí hay una línea que tiene que ver con el estímulo a la violencia por parte de grupos pertenecientes al oficialismo, sino también esta situación de provocación permanente que incluye esta convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente. Para nosotros el Gobierno se está jugando la última carta, que es abandonar la Constitución de 1999 porque una Asamblea Constituyente redacta una nueva carta magna. Y se está jugando la última carta de los hitos fundacionales, la Constitución de Chávez, la mejor del mundo, para intentar que este movimiento que ha sido pacífico tenga una reacción violenta frente a esta impostura. A pesar de las provocaciones y los mensajes confrontacionales que manda el Ejecutivo y es por eso que se reitera tanto la palabra terrorista para calificar a la oposición.
-¿Terrorista?
-Tiene varios objetivos por parte del Gobierno Nacional. El primero, rebatir una de las primeras victorias que ha tenido este movimiento al decir que la violencia está al lado del Gobierno y la democracia está al lado de los manifestantes.
Sobre saqueos
“En los primeros días de las manifestaciones hubo la incorporación de los sectores populares y situaciones de saqueos en El Valle y Coche, que fue protagonizada por vecinos. Nosotros estuvimos allí. Un saqueo según Provea es un mecanismo violento de protesta, que nosotros no compartimos: pero, es consecuencia de una situación de exclusión, de pobreza continuada, de la falta de alimentos. Y a partir de ese momento se ha desplegado, en el caso de Caracas, una estrategia para impedir que los sectores populares se sigan sumando a este proceso de movilización. Y eso por eso que cierran todas las líneas del Metro. ¿Por qué van a afectar toda la ciudad si las protestas están focalizadas en un sitio? Es para impedir esa situación. Pero, sobre todo en Caracas ha sido muy eficaz el mecanismo de discriminación a partir del Clap. Es cierto que recibimos muchas denuncias y que la noche del 19 de abril se desplegaron todos los comités de abastecimiento popular y una evidencia de ello fue la transmisión por las redes de Freddy Bernal, a altas horas de la madrugada, para decir que todo estaba bien. Porque en el caso de Caracas es el jefe de mecanismo de discriminación de los Claps que sigue teniendo un nivel de eficacia para tener coaccionadas a las personas para que no se incorporen de manera abierta a las manifestaciones.
Desterritorializar a Caracas
El centro de Caracas se ha convertido en el último territorio controlable por el Ejecutivo por su valor simbólico. Allí se encuentran las sedes de los poderes. Está sitiado por el este y el oeste por un proceso continuo de movilización. Están partiendo desde la redoma de la India, de Montalbán, desde sectores del oeste y en el caso de El Paraíso y Montalbán se han convertido en sitios de confrontación al mismo nivel que la plaza Altamira. Es significativo que las movilizaciones hayan logrado otra victoria: desterritorializar la ciudad. Ya no podemos hablar de un sector dominado por el oficialismo y otro por la oposición, el este y el oeste, sino que ahora hay un proceso de incorporación masivo a la protesta que ha difuminado esas fronteras políticas que existían en el caso de Caracas. Es por eso que el Gobierno se atrinchera en el centro de la ciudad, donde están las instituciones sedes del ejercicio del poder.
Urbanizaciones atacadas por militares
Rafael Uzcátegui conoció los casos de urbanizaciones de Barquisimeto que han sido fuertemente atacadas por los efectivos uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana y grupos de los paramilitares motorizados, quienes han sido denunciados que operan desde las instalaciones de la Corporación Venezolana de Alimentos (Cval), que está ubicada detrás de la avenida Libertador entre 38 y 39.
De acuerdo con la denuncia de vecinos de la urbanización Antonio José de Sucre a ese lugar fueron llevados los portones de los edificios de la calle 37, que fueron desprendidos mediante la utilización de tanquetas para que los efectivos penetraran al lugar y atacaran con bombas lacrimógenas y perdigones a los habitantes de ese sector.
Es de destacar que el asedio a la Sucre ha sido constante, después del primero de abril cuando comenzó la enérgica protesta contra la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia por haber producido las sentencias 155 y 156, que anulaban las facultades a la Asamblea Nacional y le otorgaban poderes ilimitados al Presidente Nicolás Maduro.
Esa urbanización, donde se han producido numerosos allanamientos de apartamentos y detenciones de jóvenes, sobre todo estudiantes, ha sido atacada fieramente por los guardias.
En uno de los más fuertes asedios, que cubrió también la zona de las viviendas desde la calle 34 a la 37, la acción represora se prolongó desde las cinco de la tarde hasta las dos de la madrugada y fue suspendida cuando aparecieron organizaciones de Derechos Humanos y representantes religiosos, que fueron humillados por los funcionarios.
Desde entonces la Sucre se ha erigido en una de las urbanizaciones más atacadas por el Gobierno y en una ocasión los tripulantes de una tanqueta amenazó por el altoparlante que regresarían para meterle candela a los edificios.
Esta semana, en denuncia hecha por vecinos, circularon por las redes el incendio ocasionado contra uno de los edificios de la urbanización.
Uzcátegui comentó que casos como Este, que se han venido registrando en las principales ciudades del país, constituyen graves delitos de lesa humanidad porque sus habitantes desarmados son atacados como enemigos de guerra por los cuerpos armados como la Guardia Nacional.
Esta situación que se ha vivido en Barquisimeto y Cabudare en zonas residenciales de clase media baja ha originado mayores niveles de protesta contra el Gobierno y por parte de éste ha arreciado la represión.
Uzcátegui también se refirió a las consecuencias que ha traído para la población de las urbanizaciones afectadas la utilización no sólo de gases lacrimógenas, disparos de perdigones y de metras, sino el temor que ha provocado sobre todo en los niños pequeños, muchos de los cuales ahora tienen problemas variados en su existencia. Se ha dado el caso de niñitos que han dejado de hablar por días, porque se han encontrado totalmente atemorizados. Es por ello, manifestó, que organizaciones de Derechos Humanos están llevando sicólogos y médicos a la Sucre y a otros sectores afectados.
