El recurso que la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, entregó al máximo tribunal contra la Asamblea Constituyente del presidente Nicolás Maduro no sólo puede profundizar las grietas en el gobierno, sino que también podría ayudar a tender puentes entre chavistas críticos y la oposición.
Ortega, chavista confesa, solicitó el jueves al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) la nulidad de la Constituyente que se votará el 30 de julio, por considerar que violenta la progresividad de los derechos humanos, la democracia y el derecho al sufragio.
Este viernes, exfiscales, exjueces, representantes de partidos opositores y otros políticos pretendían adherirse a la acción legal, pero el TSJ -acusado por la oposición de servir al gobierno- amaneció cerrado y sus accesos militarizados.
¿Qué peso político tiene la acción de la fiscal y qué posibilidades de prosperar?
«Oportunidad de oro»
Dirigentes opositores, como el parlamentario Henry Ramos Allup, pidieron respaldar el recurso. Algunos, como la diputada Delsa Solórzano, fueron directamente al TSJ este viernes, pero lo encontraron cerrado.
Parte del chavismo crítico de Maduro afirmó en una carta que se unirá a la propuesta.
«Pretenden la realización de una Asamblea Constituyente espuria y sin apoyo popular», señala la misiva, firmada entre otros por los exministros Héctor Navarro y Ana Elisa Osorio y el mayor general retirado Clíver Alcalá.
La fiscal, la oposición, y el chavismo disidente rechazan la iniciativa de Maduro porque no contempla un referendo previo para que los venezolanos decidan si desean reformar la Constitución, como sí lo hizo el expresidente Hugo Chávez con la Constituyente de 1999.
«La fiscal ha puesto sobre la mesa un elemento en el que todos coinciden: opositores radicales y blandos, disidencia dura y blanda. Hay apoyo prácticamente unánime. Se ha tendido un puente para que se unan los dos bandos», dijo a la AFP el analista Félix Seijas.
Gonzalo Gómez, miembro de Marea Socialista, partido chavista crítico de Maduro, cree que es prematuro hablar de un frente común: «Puede haber coincidencias puntuales en algunas demandas, pero los propósitos son muy distintos, los proyectos de país también», aclaró a la AFP.
Seijas afirmó que el recurso de la fiscal también «es una oportunidad de oro» para quienes rechazan el proyecto de Maduro. «La Constituyente dividió al chavismo. No tengo dudas de que se evidenciarán nuevas grietas», agregó.
La fisura se abrió cuando la propia fiscal denunció la «ruptura del orden constitucional» por un fallo -luego anulado- con el que el TSJ asumió las funciones del Parlamento, único poder controlado por la oposición.
Por esa decisión estallaron el 1 de abril las protestas que exigen la salida de Maduro del poder mediante elecciones generales, que ya dejan 66 muertos.
¿Podrá frenarse la Constituyente?
El constitucionalista Juan Manuel Rafalli considera poco probable que el recurso de nulidad presentado por la fiscal tenga éxito.
«El TSJ está controlado por el gobierno. Hasta ahora la Sala Electoral -que recibió el recurso- no ha dado ninguna señal de cambio (…). Debería admitirse la nulidad, porque las bases comiciales de la Constituyente son inconstitucionales», dijo.
La oposición rechaza el método de elección pues -asegura- le permitiría al oficialismo ganar la mayoría de los 545 asambleístas que reformarán la Constitución.
Sectores del chavismo crítico son optimistas. «Si el fenómeno político de la adhesión al recurso agarra magnitudes muy elevadas, el gobierno tendrá que decidir qué hacer respecto al recurso y la Constituyente», indicó Gómez.
«Más allá de lo jurídico, la fiscal entiende que el asunto tiene un fondo político. Inicia una etapa, comprende que el gobierno la va a intentar cercar, por eso necesita y busca el apoyo popular», señaló a la AFP el constitucionalista Pedro Afonso Del Pino.
Jugadas del chavismo
Ya el gobierno dio una primera señal de cómo enfrentará el recurso. «El chavismo va a bloquear esto jurídicamente. Van a evitar que la gente se adhiera y las personas van a ser ahuyentadas del TSJ», afirmó Seijas, al referirse al cierre y la militarización de los accesos a la corte.
Solórzano denunció que grupos afines al gobierno agredieron a su equipo cuando se retiraba del máximo tribunal. «Volvemos el lunes», advirtió.
«Pero aunque el TSJ cierre el paso, esto tiene peso político: se deslegitima a la Constituyente antes de que ocurra», agregó Seijas.
«Aunque el gobierno trate de impedirlo, se complica, porque está acumulando muchas acciones violatorias de la Constitución: está desplumado políticamente, cada día pierde aliados y gana enemigos», acotó Gómez.
