El expresidente del Circuito Judicial Penal del estado Lara y presidente del Foro de la Verdad, Jorge Eliecer Rondón, advirtió que los alcaldes de Iribarren y Palavecino, Alfredo Ramos y José Barreras respectivamente, pudieran ser destituidos y privados de libertad en los próximos días porque, a su juicio, no han acatado el exhorto hecho por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que les ordenó evitar las barricadas en las jurisdicciones que están bajo su responsabilidad.
“Hemos hechos seguimiento a las instrucciones del TSJ y hemos constatado que los dos alcaldes no han cumplido con los mandatos que hizo la Sala Constitucional, para permitirle una vida más digna a sus habitantes, sino que continúa la violencia”, declaró Rondón, durante una rueda de prensa que ofreció, la mañana de este miércoles, desde el Museo de Barquisimeto y en compañía de otros integrantes de la organización.
Rondón manifestó que mantendrán el monitoreo con vecinos de las zonas de conflicto, para después exigir al TSJ que tome acciones contra los burgomaestre, en caso de que estas autoridades civiles “se mantengan en desacato”.
“La ley establece sentencia de privación de libertad, y ya tenemos antecedentes con otros alcaldes en el país (…) Así como la Guardia Nacional cumple con órdenes de allanamiento, el alcalde debe cumplir con sus deberes como alcalde”, recalcó.
Cabe recordar que el 1º de juicio fueron emitidas las sentencias N° 400 y 401, mediantes las cuales exigen a los alcaldes realizar todas las acciones y utilizar los recursos materiales y humanos necesarios, en el marco de la Constitución y la ley, a fin de evitar que se coloquen obstáculos en la vía pública que impidan el libre tránsito de las personas y vehículos, además, proceder a la inmediata remoción de tales obstáculos y mantener las vías y zonas adyacentes a éstas libres de barricadas. Esto después de admitida una demanda introducida por un grupo de ciudadanos, el pasado 31 de mayo.
Avala allanamientos en Las Trinitarias
Rondón contrarió a los vecinos del Club Hípico Las Trinitarias, quienes denunciaron a EL IMPULSO que los cuerpos de seguridad del Estado no mostraron orden de allanamiento y actuaron irregularmente durante los allanamientos que efectuaron la madrugada del lunes en dichos edificios.
“Allí no se hicieron de forma arbitraria. Yo no estuve ahí pero puedo afirmar que la GNB actuó con autorización”, aseveró.
Reconoció que los militares pudieron actuar indebidamente, pero esto deberá ser determinado por el Ministerio Público.
“En Las Trinitarias hay mucha gente que ha hablado, que ha señalado, que no pueden salir a trabajar, ir a clases o ir a los hospitales por las trancas”, expuso.
Puntualizó que en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal (Copp) están establecidos los requisitos a cumplirse para allanar.
Asimismo, opinó que no es necesario un referendo consultivo para la realización de la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que la iniciativa presidencia, según afirmó, está establecida en la Constitución.
