La Fiscal General de la República finalmente lo dijo, en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, frente a los magistrados a los que había acusado previamente de romper el orden constitucional y que ahora estaba responsabilizando nada menos que por la muerte de la democracia participativa. Luisa Ortega pronunció la otrora palabra sagrada del chavismo hoy proscrita por la dictadura militar: El soberano.
Toda la mal llamada “quinta república” se erigió sobre ese principio, el de que la mayoría del pueblo expresada en elecciones universales lo podía todo, incluso cambiar el Estado como en efecto lo hizo en 1.999 a partir de dos referendos y una elección universal de constituyentes, lo que hoy Maduro no se atreve a hacer. Por cierto, en lo personal siempre he creído que en democracia todos los poderes tienen límites, incluso el de las mayorías, sin embargo quedó instaurado a partir de entonces ese adjetivo de “participativa” con el cual bastaba una consulta popular para cambiarle el nombre al país y cambiar la constitución. Tan es así, que cuando a Chávez se le ocurrió más tarde hacer una constituyente sindical, el CNE tuvo que convocar a un referendo universal donde todos los inscritos en el REP podían participar para decidir si querían convocarla o no. ¿Si para una constituyente sindical se requiere una convocatoria universal en referendo, cómo es que para una constituyente originaria no se necesita? Quién no puede lo menos, no puede lo más. Y eso se evidencia también en los procesos de enmienda y reforma intentados por Chávez, en los que se requirió también aprobación vía referendo. ¿O es que Chávez era más tonto que Maduro y prefirió perder el referendo de la reforma en 2007 en vez de convocar directo una constituyente con bases comiciales amañadas para imponer así su modelo socialista? Es que no hay duda: La voluntad soberana del pueblo solo puede ser expresada por mayoría en elecciones universales, directas y secretas en el que cada ciudadano inscrito en el registro de electores valga lo mismo.
La ironía histórica hizo que viéramos a los padres de la democracia participativa asesinarla poco a poco refugiados en los más rancios argumentos del principio representativo que habían jurado superar. Por ejemplo, unos magistrados electos por un poder constituido como es el parlamento, ahora podían anular a punta de sentencias la voluntad soberana del pueblo expresada en elecciones libres para escoger a sus diputados. Jueces que pueden destituir alcaldes y gobernadores electos popularmente y que pueden suspender arbitrariamente un referéndum. Se trata de la muerte del concepto de soberanía popular, el crimen que la Fiscal General acaba de imputar ante la historia, justo cuando se le quiere dar la estocada final con ese fraude constituyente que pretende crear un supra poder por tiempo ilimitado de forma ilegítima sin consulta previa ni elección universal. Y la nueva estafa de Maduro de prometer una consulta a posteriori luego de acabar con el Estado, no engaña a nadie y solo lo incrimina aún más. Solo el pueblo en referéndum puede convocar una constituyente originaria para luego escoger a sus miembros por mayoría en elecciones universales. Punto. Lo demás es usurpación nada menos que de la soberanía popular. Y como todo delito, tiene autores intelectuales, autores materiales y cómplices por acción u omisión.
Caso cerrado, el dictamen final lo tiene usted.
José Ignacio Guédez
@chatoguedez
