Funpaz y diferentes organizaciones de Derechos Humanos ofrecieron este martes una rueda de prensa por medio de la cual dieron a conocer un balance acerca de los últimos acontecimientos ocurridos en la ciudad relacionados con los allanamientos y detenciones efectuadas en Valle Hondo, municipio Palavecino, y en Club Hípico Las Trinitarias, al este de Iribarren. Asimismo, expertos en la materia se pronunciaron sobre casos puntuales de jóvenes asesinados en la entidad en el marco de las protestas.
Andrés Colmenárez, representante de Funpaz, declaró a EL IMPULSO que en estas últimas dos semanas se produjeron 12 detenciones en Valle Hondo producto de los allanamientos.
Estos detenidos se encuentran en el Comando Alí Primera. Mientras que en Club Hípico Las Trinitarias detuvieron a ocho personas, entre estas un menor de edad y dos adultos mayores que fueron liberados el lunes a las 11:00 de la noche. Se contabilizan 34 agresiones a urbanismos.
Al menos 60 heridos producto de metras y perdigones registra Funpaz en estos 15 días.
“Vemos que han disminuido las detenciones, pero ha aumentado el asedio y la represión”.
Por su parte, el profesor Nelson Fréitez, de la Cátedra de Derechos Humanos de la UCLA, señaló que en todos los casos suscitados en la región se evidencia una flagrante violación a los derechos humanos, así como omisiones, retardo procesal y negligencia de la Defensoría del Pueblo y Fiscalía Superior del estado Lara.
Fréitez se refirió al caso de Yonier Peña, quien fue baleado el 10 de abril en las inmediaciones del CC Metrópolis durante una protesta pacífica. El joven con discapacidad falleció tras permanecer 54 días hospitalizado.
“Grupos irregulares y armados dispararon contra las personas que estaban en ese lugar. Hay testigos, testimonios y filmaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial y no entendemos por qué no hay conclusión ni dictamen de las investigaciones”.
Por tal razón exhortó al fiscal superior, William Guerrero y a la defensora del pueblo, Elba Yris Rodil, así como a la fiscal 6ta del Ministerio Público (MP), a informar sobre los resultados de las investigaciones.
Mi hijo no era terrorista
Al mismo tiempo, la mamá de Yonier, Yanet Hernández, clama justicia.
“Mi hijo era una persona muy pura. En el hospital los médicos hicieron todo lo posible pero no había medicamentos. Le dio una asepsia estomacal y una neumonía hospitalaria porque en los centros asistenciales no tienen ni cloro para limpiar. Pido justicia para mi hijo y para todas las madres que han perdido a sus hijos. Mi hijo no era terrorista, todos lo conocían”.
Por otra parte, la abogada Liliana Hernández, recordó que en el caso de Tony Canelón, joven que recibió un disparo en Palavecino el 11 de abril y falleció tres días después, la Fiscalía 21 del MP ordenó orden de aprehensión contra 14 guardias nacionales.
“Exigimos que se dé cuenta de las investigaciones, queremos que la Fiscalía Superior y la Defensoría del Pueblo hagan mención de este caso. ¿En qué punto está la investigación? ¿Dónde están los guardias nacionales? Sabemos que por orden de Benavides Torres estarían en El Paraíso, Caracas, ¿para evadir el proceso?”, se preguntó.
Asalto contra civiles
Unos 500 militares efectuaron el allanamiento en Club Hípico Las Trinitarias, dijo Carmen Luisa Durán, de la directiva del Colegio de Abogados. Mencionó que en una rueda de prensa apareció el general José Torrealba franqueado por el fiscal superior y la defensora del pueblo, sin embargo, en ningún momento hizo mención a las órdenes judiciales expedidas por el tribunal para efectuar los allanamientos.
“Esas personas estaban en su casa, durmiendo. Les aplicaron un procedimiento muy parecido a una OLP. En ningún momento se siguió el protocolo. Los abogados insistimos en que hay una Constitución vigente por lo que exigimos el cumplimiento de la misma. Le exigimos al fiscal William Guerrero que muestre las órdenes emitidas por los tribunales para darle constitucionalidad a esas acciones.
Andrés Colmenárez de Funpaz, exigió la renuncia de manera inmediata del fiscal superior y de la defensora del pueblo por actuar fuera de los principios democráticos y de la Constitución.
La señora Yosmar Gómez Estrada, residente de Club Hípico, añadió que a su esposo se lo llevaron preso durante el allanamiento.
“La GNB llegó, les abrimos inmediatamente, no nos mostraron orden de allanamiento, me mandaron a meterme en un cuarto junto a mis hijos, a mi esposo se lo llevaron preso”.
Relató que los efectivos militares le atribuyeron al ciudadano unos escudos que estaban en la batería de baños que en común comparten varios negocios de comida rápida de la zona.
“Es una total injusticia, no quiero que lo culpen de algo que no ha hecho. Nosotros tenemos un bebé de 11 meses, su hijo pregunta por él todo el tiempo. Mi esposo es un hombre trabajador”. Gómez Estrada pidió a todos los abogados ayudarla ya que se encuentra muy afectada por la situación.
Pacientes condenados a muerte
Las doctoras Ingrid Chacón y Marisol Balabú de Médicos Unidos indicaron que la crisis de salud se ha agudizado. La escasez va desde una jeringa hasta una quimioterapia, pasando por la falta de insumos para higienizar los centros asistenciales.
“Los pacientes crónicos con hepatitis B no encuentran lactulosa y sin ese medicamento pudieran terminar en terapia intensiva que vale entre 700 mil y un millón de bolívares. ¿Por qué demora la llegada de las medicinas al Seguro Social? Necesitamos la ayuda de otros países ante esta crisis humanitaria. Nuestros pacientes están condenados a morirse, es terrible la escasez de medicinas”, dijo Chacón.
De 33 pacientes unos 5 decesos se han producido por la carencia de medicamentos, agregó Balabú.
