Como un arrebato de la soberanía popular por parte de Nicolás Maduro, fue calificada la sentencia 378 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia(TSJ), que valida la no realización de un referendo consultivo sobre la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por los abogados Alberto Blanco- Uribe, Roberto Hung, Juan Carlos Apitz y Juan Miguel Matheus, quienes alertaron sobre las implicaciones de este mecanismo de cambio constitucional en circunstancias conflictivas como la venezolana.
En efecto, estos fueron algunos de los puntos de discusión de la Mesa de Análisis “La innecesaria Asamblea Nacional Constituyente”, realizada por el Observatorio Económico Legislativo (OEL) del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice Libertad).
Durante el encuentro, Blanco-Uribe insistió en que el Poder Ejecutivo ha “usurpado” el poder constituyente por la forma en la que anunció la realización de la ANC y por los procedimientos para la escogencia de sus miembros. “El soberano es uno y es indivisible, el soberano es el pueblo, la usurpación de la soberanía es un delito de lesa nación”, insistió tras acotar que las decisiones emanadas del TSJ sobre el tema, así como los decretos presidenciales aparecidos en Gaceta Oficial son inconstitucionales.
Por su parte, Roberto Hung hizo énfasis en la idea de que ha sido el gobierno el primer perpetrador de un golpe de Estado para permanecer en el poder en Venezuela.
“La Constitución debe ser un límite al poder. No puede existir Constitución si no hay control del poder”, reiteró el experto, quien añadió que tales límites también restringen lo que puede y no puede hacer el llamado “poder constituyente originario”. “Una ANC no puede menoscabar lo establecido en la Constitución o atentar contra los Derechos Humanos ni contra la progresividad e irrenunciabilidad de los valores democráticos”, explicó.
La idea de Hung al hacer estas explicaciones, en sus propias palabras, fue “reivindicar el constitucionalismo crítico, la desobediencia legítima y la resistencia constitucional”.
Por su parte, Juan Carlos Apitz, quien fue magistrado destituido de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por órdenes gubernamentales, aseguró que la sentencia 378 de la Sala Constitucional busca “constitucionalizar la dictadura” y sustituir la soberanía popular por la voluntad presidencial. “Han estado 19 años dándonos lata con la democracia participativa y protagónica y con esta sentencia se quitaron la careta”, aseguró.
El exmagistrado incluso acotó que la sentencia es un “plomazo directo a la AN”, pues también le impide indirectamente solicitar un referendo consultivo sobre la realización o no de una ANC.
La labor parlamentaria, sin embargo, no queda restringida, aclaró el también diputado Juan Miguel Matheus, quien sostiene que es necesario que la falta de consentimiento a la realización de la ANC se siga expresando en la calle, y que tendrá otras expresiones puntuales en el Parlamento. “Desde el punto de vista institucional, la AN va a desarrollar el artículo 333 de la Constitución. Es un mandato que tiene carácter de deber constitucional”, enfatizó.
El también doctor en Derecho Constitucional finalmente manifestó su preocupación por la posibilidad de que Venezuela termine con un “limbo dual” con dos Constituciones: “La constitución de la ficción de Nicolás Maduro y la Constituyente y la Constitución de lo real, la de 1999”.
