Aunque una mayoría de países, entre los más desarrollados del Continente Americano, presente en la plenaria de la OEA expusieron contundentes argumentos, que dejaron al desnudo el autocrático gobierno que preside Nicolás Maduro, no tomaron una decisión parcial, no sólo para tratar de buscar consenso antes de que reúna a Asamblea General entre el 18 y 21 de junio, sino también, como quedó evidenciado, para demostrar que el interés de esa mayoría es encontrar una solución negociada entre los factores confrontados en nuestro país, y no aplastar a la minoría.
Los cancilleres y representantes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, México, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay, fueron precisos y terminantes en señalar que el gobierno de Maduro viola la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, al reprimir manifestaciones pacíficas con gases tóxicos y armas letales, prohibidos en la Carta Magna de nuestro países y de todas las naciones civilizadas del mundo, que consideran un derecho de los pueblos a expresar su descontento, contra las políticas equivocadas y fracasadas del régimen imperante.
Las naciones del Continente Americano y el mundo en general pudieron constatar la solidaridad de la mayoría de los países miembros de la OEA, con los justos reclamos de los diversos sectores que participan en las marchas, solicitando el restablecimiento del hilo constitucional, roto en Venezuela por la acción autocrática del presidente Maduro y del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el Poder Ejecutivo, al desconocer las facultades constitucionales de la Asamblea Nacional, electa por más de 14 millones de venezolanos que sufragaron el 6 de diciembre del 2015.
El reconocimiento de casi todos los miembros de la OEA. Incluyendo los del Caricom, de que en Venezuela existe una grave crisis política, social y económica, es un evidente triunfo de la oposición porque justifica las múltiples protestas y manifestaciones que encabeza en todo el territorio nacional, pidiendo respeto a los Derechos Humanos y un cambio de las políticas económicas del gobierno, para poder solucionar los problemas de la producción nacional, prácticamente liquidada por las expropiaciones y confiscaciones de la propiedad privada por parte del régimen chavomadurista; solicitando solución a la escasez de alimentos y medicinas, al alto costo de la vida y al hambre que ya registra decenas de niños y ancianos muertos; exigiendo el desarme de los paramilitares del gobierno que reprimen, roban y asesinan a manifestantes pacíficos y a ciudadanos que circulan en las cercanías de las manifestaciones, totalmente ajenos a las mismas.
Y algo demasiado importante. Las intervenciones de la mayoría de los cancilleres, vicecancilleres y otros representes de los países asistentes a la reunión, dejó absolutamente claro que el gobierno de Maduro utiliza la mentira como una política de Estado. Y algo más grave. Todas sus acciones violatorias de la Constitución Nacional, incluso sus crímenes, se los pretende adjudicar a la oposición, con lo que queda demostrado el carácter fascista del régimen, al practicar la misma política Mussolini y de Hitler, para reprimir y liquidar la disidencia. Un ejemplo de esa política fue la quema del Reichstag, parlamento alemán, por los paramilitares de Hitler, para luego acusar a la oposición de ser los responsables y desatar contra sus líderes y militantes una criminal represión. Barbaridades distintas pero de igual naturaleza ejecuta la cúpula militar cívica que gobierna.
