El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso que la Carta Magna que surja de su controvertida Constituyente sea aprobada en las urnas, una movida en el tablero con la que, según analistas, busca evitar deserciones en el chavismo, aunque nada garantiza un referendo.
Sorpresivamente, Maduro lo anunció horas después de que la fiscal general, Luisa Ortega, pidiera al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado por la oposición de servir al gobierno, una aclaración del dictamen en el que autorizó al mandatario a convocar la Constituyente sin consulta en referendo.
«Lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva Constitución saldrá a referendo consultivo para que el pueblo diga si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada o no», dijo Maduro la noche del jueves.
Dirigentes opositores desecharon la oferta. «El puede decir ‘misa’ ahorita, pero cuando le den cheque en blanco cambiarán la decisión. Ese caramelito de cianuro nadie se lo va a comer», declaró Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento.
La Asamblea Nacional Constituyente tiene la facultad de disolver a todos los demás poderes -incluido el Legislativo de mayoría opositora y la Fiscalía- y decidir si se vota o no la Constitución que elaboren.
«Está por encima del presidente, de manera que él no puede garantizar eso. Es una jugada política», aseguró a la AFP el analista Luis Vicente León.
El experto en asuntos electorales Eugenio Martínez recordó que la Constitución prohíbe «que se imponga agenda» a la Constituyente, por lo que Maduro «no puede decir que habrá referendo aprobatorio».
Este viernes concluye la inscripción de candidaturas para la elección de la Constituyente que se hará a fines de julio. El poderoso dirigente chavista, Diosdado Cabello, y la esposa de Maduro, Cilia Flores, figuran entre los aspirantes.
La oposición decidió no participar por considerar «fraudulento» el proceso con el que el chavismo -según dice- por un polémico método de asignación de escaños busca asegurarse el control de la Constituyente y «perpetuarse en el poder».
Los opositores insisten en escalar sus protestas, que en dos meses dejan 62 muertos, y este viernes marcharon hacia la televisora oficial VTV para exigir una información «equilibrada» y «veraz».
Las autoridades permitieron a estudiantes opositores ingresar a la sede de VTV, donde cruzaron acusaciones mutuas con el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas.
«Monstruos internos»
La fiscal, de línea chavista y a quien altos dirigentes de gobierno han llamado «traidora», considera que la sentencia emitida el miércoles en la que el TSJ validó el proceso sin consulta popular, era un «retroceso» en derechos humanos y en la democracia participativa.
Su posición profundizó el quiebre con el oficialismo. Aunque no la mencionó, el presidente lamentó que existan «sectores vacilantes».
«No es la primera vez ni la última que surgirán traidores y su traición empieza con su vacilación a la necesidad de procesos transformadores», manifestó Maduro.
Tras la funcionaria, las voces de chavistas que cuestionan la Constituyente han venido creciendo. Dos magistrados, la exdefensora del Pueblo Gabriela Ramírez y otros exfuncionarios oficialistas también han expresado reparos.
León aseguró a la AFP que la promesa de un referendo «rompe en principio con la crítica principal» a la Constituyente que hay incluso dentro del chavismo, busca «bajar la tensión y calmar sus monstruos internos».
«Pero la probabilidad de que eso pase es baja. La Asamblea es autónoma y decidirá lo que quiere», y si decide que no hay referendo Maduro aparecerá como el que «no es culpable», agregó.
Para la fiscal, la «participación popular ha sido reducida a su mínima expresión» en este caso, al compararla con el proceso de la Carta Magna vigente, de 1999, para la que el entonces presidente Hugo Chávez convocó a referendo.
Según analistas, la condición antidemocrática del proceso no se reduce, pues la convocatoria se hizo sin consulta popular.
La fiscal también cuestionó la convocatoria por parte del gobernante de la Constituyente, pues señaló que es «al pueblo» al que corresponde esa facultad, pero Maduro insistió en que «es constitucional y legal».
Ortega ya había cuestionado la Constituyente por creer que «acelerará» la crisis y hace dos meses calificó de «ruptura constitucional» los fallos -detonantes de los protestas- con los que el TSJ se adjudicó temporalmente las facultades del Parlamento.
