La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobando la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente sin la participación del pueblo es un retroceso en materia de derechos humanos.
Así lo destacó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, al consignar este jueves un documento ante la Sala Constitucional del TSJ, en contra de la referida decisión.
En el citado documento, Ortega Díaz pide aclarar porqué si la soberanía reside en el pueblo, dicho poder se ha transferido hacia el órgano judicial. Asimismo, menciona que a través de la sentencia número 378, en la que el TSJ sostiene que no es necesario un referendo consultivo previo a la convocatoria de una Constituyente, se vulneran todas las formas de participación popular, ya que se elimina la democracia participativa y protagónica.
Asimismo, informó que exigió al TSJ aclarar la diferencia entre convocatoria e iniciativa de convocatoria. «La Sala Constitucional se limitó a analizar solo el capítulo 3, del artículo 9, de la Constitución Nacional. No hizo un análisis de todo el texto», destacó.
«Convocar a este proceso, que acabará con la modificación de una Constitución aprobada hace 16 años tras un referendo, vulnera la progresividad de los derechos humanos consagrados en esta Constitución», refirió al respecto.
Resaltó, además, que la Constitución del año 1999 fue aprobada mediante un proceso de consulta de toda la población. «Ahora, se pretende vulnerar la progresividad de los Derechos Humanos mediante un proceso excluyente, donde la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión», ratificó.
En este sentido, leyó las palabras del fallecido presidente Hugo Chávez, en el año 1999. «Convoquemos la soberanía popular para que ejerza su voluntad absoluta, pero acaso le tenemos miedo a la soberanía popular.
No hablamos de democracia pues. La soberanía no es nuestra no es del Presidente ni del Congreso ni de los tribunales. El único soberano en la tierra venezolana es el pueblo. Es el pueblo quien debe participar».
