Los abogados de los jóvenes detenidos por presuntamente haber derribado una estatua de Hugo Chávez en Villa del Rosario de Perijá, estado Zulia, han acudido a la Fiscalía General de la República para solicitar dejar sin efecto lo que consideran un proceso viciado de nulidad absoluta por organismos militares, según trascendió en la Asamblea Nacional.
Los detenidos son: Eduardo José Troconis Pirela, de 23 años; Oswaldo Rafael Salinas Carrasco, de 22 años; Tomás Enrique Lizardo Piña, de 36 años; Ángel Antonio Ahumada Huerta; Raumil Francisco Castellanos Vargas, de 21; y Carlos Enrique Mercado Sarmiento, de 19.
Se les imputan los delitos de menosprecio a las Fuerzas Armadas, ultraje al centinela, rebelión y traición a la patria.
La detención fue practicada el 5 de mayo y desde el 11 del mismo mes fueron trasladados al Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana, estado Táchira.
Los abogados sostienen que no hay delito si se produjo ese caso porque el propio Chávez, mediante el decreto 7.836 del 18 de noviembre de 2010 y publicado en la Gaceta Oficial Nro. 39.556 del 19 de noviembre, prohibió que se le hicieran cualquier tipo de obra en todo el territorio nacional con su imagen.
El artículo primero de ese decreto reza: “Se prohíbe el uso del nombre y figura de la persona del Presidente de la República para la identificación, nombre, denominación, caracterización, tipificación, calificación y designación de las obras de infraestructura, de cualquier naturaleza, construcciones, edificaciones, recintos, instalaciones educativas y médico asistenciales de cualquier nivel o tipo, vías de comunicación, lugares, o sitios públicos, y cualquier tipo de bienes similares, ubicados en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela”.
Si el propio Chávez no quería estatua alguna, entonces, no es delito derribar las que existan, consideran los abogados que plantearon el caso a la Comisión de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional, para que ésta tramite el asunto ante la Fiscalía General de la República.
