La Asamblea Nacional (AN), en sesión ordinaria, aprobó este martes un Proyecto de Acuerdo en reconocimiento a la lucha del pueblo que ha estado en resistencia durante los últimos 60 días a fin de restituir el orden democrático.
Para ello, fueron invitados algunos “íconos y valientes” que han estado en las calles pidiéndole a los funcionarios de la Guardia Nacional que cesen la represión y permitan el cumplimiento de un derecho fundamental: la protesta pacífica.
Hans Wuerich, el joven que se desnudó en la Autopista Francisco Fajardo y fue agredido con perdigones en su espalda, tomó la palabra para asegurar que es momento de tomar las calles día y noche, pues es preferible sufrir la represión por la paz del país que aguantar más décadas con un Gobierno que no quiere a su pueblo. En su camisa reposaba el mensaje “maldito sea el soldado que vuelva las armas contra su pueblo”.
El médico que abrazó a un GNB durante una protesta y fue arrastrado por el agua pimienta también subió al estrado para rechazar que a su gremio, así como a los estudiantes o políticos jóvenes, los califiquen de terroristas por protestar ante el detrimento de la calidad de vida. Denunció que en el país no hay morfina y el 80% de la quimioterapia no existe. “Se ha prostituido la salud en Venezuela”.
En el segundo punto, el Parlamento debatió sobre el uso desproporcionado de la fuerza del orden público, la tortura, la represión y la violación del ordenamiento jurídico internacional de parte del Gobierno.
La diputada Delsa Solórzano expresó que lejos del olor al Ávila o del budare de las arepas, Venezuela huele a “plomo, sangre y gas lacrimógeno” dado el accionar de estos funcionarios que atentan contra la estabilidad de la nación por órdenes del ministro de Interior y Justicia, mayor general Néstor Reverol.
“Son más de 60 venezolanos. Como madre me duele el vientre. A las madres oficialistas no le dolerán las entrañas cuando ven a un joven caer (…) Los estudiantes están en las cárceles mientras que los delincuentes gobiernan”, indicó.
Pidió a la Junta Directiva citar al ministro Reverol para que cumpla con su obligación de ofrecer explicación sobre las casi 3 mil personas detenidas y decenas de fallecidos.
Por su parte, el parlamentario Juan Guaidó, advirtió que cada bomba lacrimógena cuesta 40 dólares, lo que se traduce en 440 arepas. “¿Cuántas lanzan en un día, si son casi 11 funcionarios los que disparan en cada jornada? Son 2100 bombas al día solo en Caracas, es decir que el Gobierno gasta 84 mil dólares diarios solo en lacrimógenas”.
Para cerrar el debate, hizo uso de la palabra Henry Ramos Allup, quien aclaró que el terrorismo de Estado lo practican, indudablemente, los que están gobernando el país, a quienes calificó de degenerados.
“El terrorista es el que lanza piedras en una manifestación o un malandro artillado de la Guardia Nacional que dispara al pecho de un muchacho que protesta?”, preguntó.
Propuso que la Comisión de Política Exterior en conjunto con la Interior documente las denuncias y las traslade a la justicia internacional en los próximos días.
Rechazan la venta de bonos
La Cámara también realizó un debate este martes para rechazar la venta a Goldman Sachs de 2.8 billones de dólares de deuda pública en bonos de Petróleos de Venezuela.
El diputado Ángel Alvarado explicó que dicho bono fue vendido al banco estadounidense realmente por solo 865 millones de dólares, es decir, a 31 céntimos por dólar y al 30% por debajo del valor que tiene en el mercado. Además la transacción fue realizada en 2014 con absoluta discrecionalidad y vencen en 2022.
“Esta venta, que tuvo intermediario, representó una pérdida para la nación de $300 millones, lo que implica que la operación tuvo un soborno o una comisión para algún enviado del BCV o intermediario. Es el bono que más rinde en el mercado emergente en este momento. Venezuela está pagando la tasa de interés más alta del mundo”, denunció.
En ese sentido, rechazó que instituciones internacionales presten apoyo al Gobierno para financiar la represión desmedida o campañas del Psuv –por citar dos ejemplos-, por cuanto solicitó a la Cámara una investigación al respecto y al Congreso de los Estados Unidos que determine responsabilidades penales y administrativas en caso de existir.
