Aunque este lunes los accesos hacia la urbanización La Mora, en el municipio Palavecino, se mantuvieron con barricadas desde las primeras horas de la mañana, fue en la tarde cuando la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) aplicó el mecanismo de represión contra los manifestantes. Del enfrentamiento resultaron algunas personas con lesiones leves y un detenido llamado Legna Marcano.
Sobre las 03.00 de la tarde, llegaron los castrenses a la entrada de La Mora y desde allí intentaron despejar la calle obstaculizada con ramas. De acuerdo con el testimonio de una habitante de la zona, los uniformados se ocultaban en el asentamiento campesino La Mora y desde allí “emboscaron” a los protestantes.
Avanzaron lanzando bombas lacrimógenas, una de las cuales cayó en la entrada de una vivienda ocupada por varias personas, entre ellas, menores de edad, contó la mujer. Aparte de gases irritantes, hubo disparos de perdigón, apuntó la vecina. Por otro lado, hombres encapuchados atacaron a pedradas la sede del Seniat, en Cabudare.
En La Sucre
En la avenida Libertador, desde la calle 29 hasta la 37, estuvo bloqueado el tráfico durante toda la tarde y la noche. Aproximadamente a las 05 de la tarde, detrás de la Corporación Venezolana de Alimentos (CVAL), un puñado de hombres con el rostro cubierto —señalados como colectivos por algunas personas que pasaban por el sitio— lanzaba fuegos artificiales hacia la avenida, donde estaba otro grupo de encapuchados. Hasta ese momento, la refriega se desarrollaba entre civiles, pues solo había presencia de Polilara en ambos extremos de la Libertador para evitar que los carros entraran a la zona de conflicto.
Más tarde, la situación se hizo más compleja. Hasta las 10 de la noche, 42 personas habían sido heridas por metras y perdigones de plomo y quemadas por fuegos artificiales.
De ellas, por lo menos ocho presentaban lesiones graves.
Cicpc arbitrario
Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron, ayer, al municipio Palavecino y se llevaron a tres personas en calidad de entrevistados, presuntamente, como parte de la investigación por la muerte del teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en condición de retiro, Danny José Subero.
En el primer caso, los detectives entraron a los edificios Las Carolinas en la búsqueda de un joven. Al no encontrarlo se llevaron a la sede del Eje de Homicidios a la madre de este, Thania Rivero Díaz, y a la hermana de 16 años. Además de llevárselas para interrogarlas, allanaron el apartamento sin una orden que lo justificara, indicó el coordinador local del Foro Penal Venezolano, Pedro Troconis.
Entre tanto, en El Trigal, funcionarios del mismo organismo abordaron a Rafael Colmenárez también para entrevistarlo.
Los procedimientos fueron catalogados por la ONG defensora de los derechos humanos, Funpaz, en la voz de Andrés Colmenárez, como detenciones “arbitrarias”, pues se ejecutaron sin las notificaciones legales correspondientes.
En lo concerniente a Rivero Díaz y su hija adolescente, abundó Troconis, se produjo un allanamiento sin testigos no vinculados con el organismo y se llevaron a las ciudadanas en contra de su voluntad, pues, lo regular era que el Cicpc enviara primero una boleta de citación para comparecer voluntariamente. De modo que la actuación del Cicpc, ayer, “vulnera la Constitución y toda ley procesal vigente”, puso de relieve el especialista en derecho penal.
El representante del Foro Penal Venezolano vituperó lo sucedido y calificó como “discriminación” el tratamiento de los casos de muertes en protestas. Cuestionó si los organismos de seguridad están rastreando activamente también el paradero de los guardias con orden de aprehensión por el asesinato de Gruseny “Tony” Canelón.
