Actuaciones ilegales en el juzgamiento militar de civiles y arbitrarias en exceso contra los manifestantes está realizando el general de brigada José Rafael Torrealba Pérez, jefe de la Zona de Defensa Integral en el estado Lara, denunció la doctora Lilian Camejo, directora ejecutiva de Justicia Venezolana, organización no gubernamental que está defendiendo a los jóvenes que han sido agredidos por ejercer el derecho constitucional de la protesta pública.
Precisó que este oficial del Ejército estudió en esta ciudad y su especialidad es la operación de tanques de guerra, motivo por el cual no está preparado para cumplir funciones de orden público por cuanto ésta es propia de la policía.
Durante sus declaraciones en la Redacción de EL IMPULSO, la Dra. Camejo manifestó que los militares no tienen por qué estar reprimiendo a manifestantes, esa actividad no es propia de la institución castrense y, en consecuencia, ante la situación que se está viviendo en el país, tienen los efectivos de la Fuerza Armada que pronunciarse o separarse del cargo porque cuando se aplique la justicia serán responsabilizados en los hechos en que hayan incurrido.
Al respecto anunció que el Ministerio Público prepara un informe sobre todas las arbitrariedades cometidas por los militares contra los manifestantes, para ser entregado al presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano, a fin de que sea presentada la denuncia ante la Corte Penal Internacional, ya que no existe la instancia nacional para hacerlo.
En este orden de ideas dijo que el Ejecutivo Nacional, una vez que la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz, hizo su pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, trasladó arbitrariamente y violando la Constitución competencias de esa institución a la jurisdicción militar.
Tanto el Poder Judicial como la jurisdicción penal militar están extralimitándose en sus funciones, ya que no respetan las medidas cautelares decididas por el Ministerio Público y en consecuencia dejan privados de libertad a las personas que ya han tenido decisiones en los tribunales de control.
Expuso que son muy graves las imputaciones que se le hacen a las personas detenidas en las manifestaciones, ya que se les acusa de traición a la patria, rebelión militar, agresión al centinela, sustración de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada y destrucción de estos equipos. Pero, no presentan las pruebas.
La Dra. Camejo citó el caso de Sergio Contreras, activista de Voluntad Popular, quien fue detenido cuando utilizaba un megáfono en una manifestación y ha sido imputado por rebelión militar y traición a la patria.
Señaló que la actuación militar violenta descaradamente la Constitución al punto de haberse presuntamente celebrado una reunión de altos oficiales para definir la utilización de francotiradores contra indefensos ciudadanos por el solo hecho de disentir de las políticas del Gobierno de Nicolás Maduro.
