Como parte del golpe de Estado madurista, que viola flagrantemente la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el Tribunal Supremo de Justicia en complicidad con el Poder Ejecutivo, ha dictado medidas cautelares que obliga a los Alcaldes democráticos de los Estados Miranda y Mérida, a cumplir algunas actividades, casi imposible de realizar, con el claro objetivo de tratar de justificar su destitución y encarcelamiento, tal como lo hicieron con Daniel Ceballos y Enzo Scarano. Es evidente que realizar un conjunto de actividades, para normalizar la vida de los ciudadanos, en las difíciles circunstancias que vive el país, que ni la Guardia Nacional ni la Policía Nacional, son capaces de ejecutar, aún cuando emplean todo su poder represivo contra manifestantes pacíficos, son un indicador de que preparan la intervención de las mencionadas Alcaldías. Pero a los Alcaldes oficialistas, como el de Caracas, no los obligan a recoger ni la basura, a pesar de los altos presupuestos que reciben.
Como puede una Alcaldía, con muy escasos recursos, darle protección a los ciudadanos, para referirme a una sola de las órdenes del TSJ, si los paramilitares del gobierno, llamados colectivos, disparan, reprimen y saquean, con la anuencia de la Guardia Nacional y la Policía Nacional que no sólo no impiden que cometan semejantes delitos, sino que se hacen los desentendidos y los dejan actuar impunemente.
El acoso a los Alcaldes democráticos como parte del golpe de Estado, que viene ejecutando Nicolás Maduro, con el apoyo de los Poderes Públicos que controla, como al TSJ, el llamado Poder Ciudadano, con la excepción de la Fiscalía General de la República; el Alto Mando Militar y los organismos represivos como la Guardia Nacional, la Policía Nacional y el Sebin, se puede interpretar como un acto represivo que le echa más candela al fuego.
De allí que no es de extrañar, que mientras persista Nicolás Maduro en el empeño de perpetuarse en el poder, la represión será profundizada no sólo por los cuerpos policiales y militares, sino también por la acción inconstitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que interpreta la Constitución Nacional, de acuerdo al interés y a las órdenes que recibe del Poder Ejecutivo.
El acoso a los Alcaldes democráticos de los estados Miranda y Mérida, constituye también otra arremetida del gobierno de Maduro contra la voluntad mayoritaria de los venezolanos, que eligió a esos altos funcionarios locales, como lo hizo con la Asamblea Nacional, que hoy representan y conducen en un Gran Frente Nacional en Defensa de la Constitución Nacional, a más del 80% de los electores, según las últimas encuestas realizadas por empresas serias y respetables. Por lo que la confrontación de una minoría gubernamental fuertemente armada, y una mayoría de ciudadanos que manifiesta pacíficamente, solicitando un cronograma electoral, de acuerdo a lo establecido en la Carta Magna vigente, será más crítica en los próximos días y meses.
Y como el gobierno no da señales de realizar una negociación confiable, si no que por lo contrario radicaliza la represión, una matanza de ciudadanos inermes, un baño de sangre de dimensiones incontrolables, puede presentarse este mismo año, excepto que la Fuerza Armada, sin incurrir en el clásico golpe de Estado, sino mediante la presión Institucional, como lo planteó el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, haga respetar la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
