Con el objetivo de conocer qué efectos puede tener en la población venezolana la activación del Plan Zamora y en un panorama donde se ha endurecido la violencia en los distintos sectores, el gremio de abogados decidió indagar en un objetivo que muy pocos conocen pero muchos sufren su aplicación.
Por dicha razón fue programado un conversatorio este jueves en la sede del Colegio de Abogados. El excoordinador general de Provea y activista de Derechos Humanos, Marino Alvarado aclaró las consecuencias del plan para los derechos humanos, en qué contexto se implementó y cuáles son las perspectivas frente a la situación del país.
Alvarado recordó que en la Constitución está establecida que las labores de orden público deben ser asumidas por el departamento de la policía. En Venezuela, desde el año 2014, la Fuerza Armada asumió el rol mayor en el control de la protesta. De esta manera el Plan Zamora igualmente es contrario a la Sentencia que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanas sobre el Caracazo, donde le ordenó al Estado venezolano que en materia de control de orden público, no intervinieran ninguno de sus componentes.
Destaca que hoy el país se encuentra ante una situación de rebelión popular y de participación masiva de gente en protesta y que lo que se conoce como respuesta del Gobierno es la represión e incremento de la militarización, con consecuencias grave en los derechos humanos. Así mismo indicó que la diferencia de este nuevo proyecto con el Plan Ávila, es que este incorpora a grupos paramilitares a participar en las labores de represión, con un respaldo político.
“La actuación de estos grupos es directamente responsabilidad del Gobierno nacional. Además es mucho más difícil investigarlos cuando atacan a los manifestantes porque no poseen un registro de armamento, como en el caso de los cuerpos de seguridad que se tiene identificada su actuación. Por lo que es más difícil la respuesta del orden público ante el caso de cualquier asesinato o herido de gravedad”, expresó.
Agregó que estos grupos efectuan detenciones ilegales y que incluso existen cárceles clandestinas donde han sido maltratados algunos detenidos. De esta manera poseen denuncias de encarcelados en el Distrito Federal en instituciones que no poseen control del estado; como es el caso del Colectivo 5 de Marzo, avalados por el Plan Zamora.
“Ellos no solo buscan afrontar la protesta social en contra de Nicolás Maduro, sino de cualquier ciudadano reclamando su derecho a la salud, los servicios públicos o de cualquier otra cosa. Y para nadie es un secreto que el cierre de vías es un mecanismo histórico de lucha en América Latina. Cientos de sentencias han reivindicado el cierre de calle como una forma de protesta de los sectores más vulnerables de la población para hacer escuchar su voz”.
En cuanto al estado de excepción y de emergencia económica que se prorrogó, el especialista comentó que una extensión inconstitucional puesto que su tiempo de duración no se puede exceder de los 90 días, aunque ya lleva más de un año la situación. Hizo hincapié en que teóricamente está planteado para enfrentar los problemas económicos que tiene el país, pero al momento en que se ve en la práctica, los menos que hace es afrontar la situación económica y más bien es un plan que se está utilizando contra la protesta social, mediante la sustitución de la Constitución; medida que ha sido “alabada” por el Tribunal Supremo de Justicia.
