Fedecámaras ratifica su posición de no acompañar ni legitimar una propuesta que no cuenta con la voluntad previa del pueblo soberano, expresada mediante referendo y que se encuentra al margen de la Constitución, lo cual es avalado por reconocidos juristas y voceros calificados del sector público y privado, en comunicado institucional, en el cual fija posición vistos los anuncios sobre el proceso eleccionario para la conformación de la Asamblea Nacional Constituyente.
Advierte el organismo empresarial que “el desarrollo de este proceso constituyente en los términos planteados, sólo profundizará la crisis política, social y económica que vive el país”.
Señala igualmente que una Asamblea Nacional Constituyente, no resuelve las exigencias y soluciones que demanda el pueblo venezolano. Corresponde al Ejecutivo Nacional generar condiciones de confianza y seguridad jurídica para asegurar los procesos productivos, en función de garantizar a los ciudadanos el derecho soberano a la salud y a la alimentación.
Asegura el empresariado, que Fedecámaras siempre ha mostrado su disposición al diálogo y ha manifestado la necesidad de establecer un gran acuerdo nacional, en temas como: la independencia y el equilibrio de los Poderes Públicos para restablecer el hilo constitucional, el cambio del modelo económico, la recuperación del poder adquisitivo del salario, lareactivación del aparato productivo nacional, el abordaje estructural de la inflación, la atracción de inversiones, el respeto de la propiedad privada y del derecho a la defensa y el debido proceso. Sin embargo, el Gobierno Nacional siempre hizo caso omiso a nuestras propuestas. Sólo hemos sido convocados para incorporarnos a este proceso constituyente, pero no podemos apoyar ningún diálogo fuera de la Constitución.
Advierten que no participar en la Constituyente, está muy lejos de apoyar una agenda de violencia, como se pretende hacer ver. En un país democrático, el disenso no debe ser criminalizado.
La Federación rechaza todo acto de violencia, provenga de quien provenga, contra personas, bienes e instituciones públicas o privadas. Pero, a la vez, reivindicamos el derecho a la protesta pacífica y democrática.
Rechazamos la violencia generada por grupos armados al margen de la ley y la represión desmedida de los cuerpos de seguridad del Estado, que han traído como consecuencia la lamentable pérdida de vidas humanas. Rechazamos, asimismo, la falta de actuación de las autoridades a las que corresponde garantizar la seguridad ante la ola de saqueos que ha anarquizado al territorio nacional.
“Demandamos y exigimos al Estado venezolano a velar por el orden público y a garantizar los derechos humanos y el derecho a la protesta pacífica”, dice el comunicado.
