Pablo Espinal, abogado y miembro del equipo jurídico del Consejo de Estado por la Paz y la Justicia (Cepaz) Lara, recordó que 30 abogados se han unido para dar su aporte en medio de toda la situación país, en búsqueda de la paz y evidentemente de la justicia.
En su opinión, no solo les agobia el clima de conflictividad sino el manejo de la justicia.
Hicieron eco de las inquietudes que manifestó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, puesto que cada día notan como el Ministerio Público asume con mayor fuerza el ser el garante de la legalidad al darle a cada quien lo que le corresponde, como son los preceptos fundamentales del ejercicio de la justicia.
Igualmente denunció el uso arbitrario de la jurisdicción penal, lo que significa que alguno de los jueces se ha dedicado a asumir un rol que no le corresponde, y atribuyen delitos y le dan un nombre a los hechos y conductas humanas. “Los fiscales han denunciado que no hay delito que imputar, y por encima de eso algunos jueces se inventan delitos usurpando funciones del Ministerio, con la única razón de querer justificar una decisión de fijar unos fiadores y requisitos casi insuperables”.
Agregó que esta conducta de los jueces está establecida en el artículo 33 del Código de Ética del Juez Venezolano, que representa una causa de destitución. “Asuman su rol con la historia y la justicia, si el fiscal dice que no hay delito están obligados a darle la libertad plena a los detenidos, no estas maniobras para alargar su libertad”.
Destacó que en Lara se ha utilizado la jurisdicción militar para presionar a los jueces y fiscales con rango militar y darle órdenes para que los jóvenes queden presos y sean trasladados hacía otras cárceles del país. Lo que está violando el principio de juez natural, contenido en los textos internacionales del debido proceso.
Espinal les envió un mensaje a los funcionarios de la Guardia Nacional de que era el momento de que detuvieran la represión, tortura, intimidación y atropello. Recordó que hay una represión desmedida más de 1.000 personas lesionadas por el uso de bombas lacrimógenas, armas de fuego, perdigones y por supuesto tratos crueles e inhumanos ante las personas.
“El Estado venezolano en vez de violentar a quienes protestan de manera pacífica, deberían dedicarse a procesar a estos colectivos armados, como lo dijo la fiscal general de la República y garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos”.
