Cuando aquel avión por fin despegó, Moisés Ramos rezó y agradeció dejar Venezuela atrás. Media hora antes, el sudor le caía por frente y espalda mientras los agentes fronterizos del aeropuerto venezolano de Maiquetía registraban su maletín por enésima vez.
Ocultos entre informes médicos viajaban los documentos con los que quiere probar cómo fue perseguido y amenazado por denunciar la corrupción en la Isla de Margarita, donde Ramos vivía.
«A gente como a mí, que hemos hecho pública nuestra oposición alGobierno y que estamos marcados como las reses, o te mandan preso o te matan unos malandros», cuenta en una cafetería de Madrid dos semanas después de aquel vuelo.
Ramos y su pareja, Kahil Núñez, dicen que dejaron su país para huir de la persecución, pero tras desplazarse miles de kilómetros no se han encontrado con la seguridad esperada.
A partir de ahora, con los documentos que lograron sacar en ese maletín, tendrán que argumentar ante las autoridades españolas su caso, un proceso que puede llevar desde meses hasta varios años.
Su solicitud de asilo se suma a la de miles de compatriotas que, desde el recrudecimiento de la crisis política venezolana han contribuido a «desbordar» los servicios de acogida, según reconoce el propio gobierno español, que incumple los plazos de seis meses que dispone la ley para tramitar las solicitudes de asilo y refugio. Según algunas organizaciones, el retraso en los procesos obedece a una estrategia del gobierno español para esperar a que los conflictos que fuerzan a los extranjeros a huir y pedir refugio se mitiguen o desaparezcan del todo en los países de origen.
Contradicciones
Al menos una cuarta parte de los más de 20.000 expedientes de asilo sin resolver son ya de venezolanos, un colectivo para el que solo hubo seis resoluciones favorables durante el último lustro. Para organizaciones sociales y activistas, esta falta de respuesta se contradice a la actitud crítica que España ha mantenido con respecto al gobierno de Caracas. Las condenas han venido encabezadas por el conservador Mariano Rajoy y su gabinete, pero también por buena parte de la oposición.
Apoyando la postura de España, la Unión Europea aprobó esta misma semana una nueva condena de la situación política en Venezuela. Aunque se descartaba aplicar ningún tipo de sanción al país, la UE exigió respeto al derecho de manifestación, liberar a opositores encarcelados y celebrar elecciones.
«Resulta contradictorio que se tenga una posición tan activa en la cuestión de Venezuela y que por otro lado apenas se aprueben casos de asilo,» dice Paloma Favieres, responsable de servicios jurídicos del Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR), que recibe fondos estatales para ofrecer a los solicitantes acogida, alojamiento y manutención, así como acompañarlos durante el proceso.
La mayoría de los más de 27.000 venezolanos que buscaron asilo en 2016 acudió a países vecinos de América Latina, según la agencia de Naciones Unidas para el refugio (ACNUR), pero ocho de cada diez que cruzaron el Atlántico eligieron España, donde el año pasado, con 3.960 peticiones, se convirtieron en el colectivo más numeroso de solicitantes.
El idioma compartido y, sobre todo, los más de 100.000 compatriotas residentes que tejen una importante red de apoyo, hacen de España el destino más atractivo en el continente, donde los venezolanos no necesitan visa para entrar como turistas.
El enconamiento de la crisis política en Venezuela hace temer que este año el flujo sea aún mayor. Solo en los dos primeros meses de 2017, el último periodo para el que existen datos, ya se superaban las 1.700 solicitudes.
Entre los recién llegados están Ramos y Núñez. Desembarcaron en Madrid en abril, cuando dejaron Margarita porque -aseguran- las represalias por su activismo se volvieron insoportables. Atrás, según su relato, dejaban años de mofas por su orientación sexual, amenazas de muerte y atracos a puntas de pistola.
Aunque mostraron documentos para acreditar su testimonio, entre los que destacaba una carta de representantes del partido de oposición Acción Democrática declarando que la pareja había sido objeto de amenazas, A no pudo verificar de forma independiente sus alegaciones.
«Corrimos el riesgo de ser una cifra más en la lista de muertos», dice Ramos.
Lo irónico es que en España también han pasado a ser parte de la estadística. «Poco a poco se les dará salida, una vez se comprueben los datos y de acuerdo a la legalidad», dijo el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido cuando al ser cuestionadorespondió que el aumento drástico de llegadas de venezolanos había «desbordado» a la red de oficinas de asilo y refugio.
A su vez, el ministerio que preside Zoido señaló por correo electrónico que había tenido que contratar a casi un centenar de funcionarios desde 2015 porque el «drástico» aumento se sumaba a la crisis humanitaria del Mediterráneo oriental. El peso del influjo de refugiados procedentes de Oriente Medio es sin embargo relativo, puesto que España solo ha reubicado oficialmente a alrededor de 1.200 personas procedentes de esta crisis, menos del 10% del cupo al que se comprometió para finales de septiembre.
Las organizaciones consultadas coinciden en que la estrategia oficial ha sido la de esperar, en la medida de lo posible, a que las causas del conflicto desaparezcan para no tener que otorgar asilo a los solicitantes y evitar así que otros se sumen a las peticiones.
Virginia Álvarez, de Amnistía Internacional, dice: «Cuando finalmente resuelven las solicitudes, después de haber vulnerado todos los plazos, suele ser porque el gobierno ya puede rechazarlas». Según la investigadora, el patrón se repitió con Mali y Ucrania. Para los sirios, solo el año pasado se empezaron a resolver solicitudes de forma significativa. Ahora, dice, es el turno de los venezolanos.
El ministerio español negó sin embargo que se tomen «decisiones paraguas», atendiendo al criterio de nacionalidad, y afirmó que sus oficinas «estudian cada caso concreto independientemente del resto de solicitudes procedentes del mismo país».
En todo caso, una de las consecuencias es que la acumulación de solicitudes han puesto al límite los servicios de acogida, que fueron diseñados para dar cabida a menores números y en plazos más cortos. «El sistema es insuficiente, no se puede dar una respuesta adecuada de acogida en paralelo a unos plazos de que no se cumplen», señala María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España.
Favieres, de CEAR, afirma que, en la práctica, «las oficinas de asilo se conciben como una oficina de contención a la inmigración». Ante esta situación, la experta dice que, tras permanecer en una nebulosa legal de asilo no concedido -pero tampoco denegado-, muchos acaban solicitando la residencia por arraigo, a la que tienen derecho por haber estado en el país más de tres años.
Sí hay, no obstante, un selecto grupo que obtiene directamente la nacionalidad. El poder ejecutivo español otorgó pasaportes en 2015 a 490 judíos sefardíes de Venezuela y en 2016 se les concedió a 17 personas por circunstancias especiales. Entre ellos estaban los familiares del opositor encarcelado Leopoldo López.
El Ministerio de Justicia calificó esta decisión en un correo electrónico como «una medida discrecional que se tramita cuando concurren circunstancias excepcionales».
El último en recibir este tipo de protección, que se conoce como «nacionalidad por carta de naturaleza», fue Miguel Henrique Otero, editor de El Nacional,diario abiertamente crítico al gobierno de Nicolás Maduro.
Vega, la representante de ACNUR en España, dice que «otorgar la nacionalidad por carta de naturaleza no sustituye las obligaciones que tiene un país con la convención de Ginebra de 1951», que es la base para la protección internacional en cuanto a asilo y refugio.
Ramos, que no duda de que los disidentes que España ha acogido con un «pasaporte exprés» tengan merecida la protección extraordinaria, denuncia su desacuerdo ante la atención que han recibido casos menos mediáticos como el suyo. Por ello, aferrado a su maletín, pregunta: «¿Qué hay para los que hemos vivido las represiones a escondidas, que hemos tenido que vivir arrodillados?».
