La reacción ciudadana ante la ruptura del hilo constitucional y al desconocimiento de la autonomía y separación de los Poderes Públicos, ha generado una conmoción política en el país; y ante la profundización de la crisis económica que empobrece cada vez más a la población, la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, fijó posición ante el país.
Señalan que les preocupa profundamente la poca capacidad de producción industrial en Venezuela, que es el resultado de un modelo económico fracasado que se viene aplicando desde 2003. Este modelo económico fracasado –caracterizado por controles de precios y de cambio, expropiaciones y confiscaciones de empresas, así como fiscalizaciones excesivas- provocó una caída de 32 % de la producción industrial entre 2012 y 2016, lo que se ha traducido en escasez de alimentos y bebidas, medicamentos, productos de higiene personal y del hogar, vehículos y repuestos automotrices, ropa y calzados, artículos de oficina y de uso escolar, entre muchos otros; así como una inflación de 700 % en 2016 y de 6.925 % entre 2012 y 2016, según análisis y proyecciones de expertos en materia económica.
Este proceso de destrucción de la industria venezolana hizo que pasáramos de 12.000 empresas en 2008 a unas 4.000 en la actualidad, lo que generó que nuestra economía dependiera casi exclusivamente de los ingresos por concepto de la renta petrolera y el abastecimiento de bienes se materializara a través de importaciones masivas que, hoy en día con los actuales precios del petróleo, no son posibles.
El resultado del deterioro de la industria, tanto la privada como la del Estado (incluyendo la petrolera), se tradujo no sólo en menos producción de bienes, sino también en pérdida de empleos de calidad, y empobrecimiento general de la población, al punto que hoy en día hay ciudadanos que solo comen una vez al día.
Aplauden la manifestación pública de la Fiscalía General de la Republica en contra de la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente, mostrando esta institución la autonomía e independencia que los ciudadanos insistentemente le hemos reclamado.
Condenan la represión salvaje que ha utilizado el Ejecutivo nacional, mediante la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), recurriendo a tácticas de guerra en contra de una población cuyas únicas armas son sus valores democráticos y su convicción. Casi dos meses de protestas ciudadanas demuestran la ausencia del mecanismo electoral como herramienta esencial para dirimir conflictos. Casi dos meses de protestas ciudadanas demuestran que los venezolanos no están dispuestos a la sumisión y que, por el contrario, serán protagonistas de su futuro, un futuro construido sobre la base de consensos.
Como empresarios, pero sobre todo como ciudadanos, exigimos que se abran los mecanismos para la celebración inmediata de elecciones para los cargos de: presidente de la República, gobernadores, alcaldes, Asamblea Nacional y que éstos, a su vez, procedan –tal y como lo establece nuestra legislación- a la designación de nuevos funcionarios públicos para el Tribunal Supremo de Justicia, Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Fiscalía General, Contraloría Nacional y Banco Central de Venezuela.
