Las “acciones estructurales” en el Cuerpo de Policía del Estado Lara (Polilara) anunciadas este lunes por el vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, se echaron a andar, ayer, con la designación de la junta directiva que estará a cargo durante los tres meses que durará la intervención del organismo de seguridad estadal. Asumieron el puesto de director provisional el general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana Rafael Mirabal Herrera y el de subdirector el coronel Miguel Guédez.
La intervención se ejecutó por órdenes del titular del Ministerio de Interior Justicia y Paz, Néstor Reverol, y en cumplimiento de la resolución 108 y de acuerdo con lo previsto en la Constitución, la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (artículo 75), tal como lo detalló el viceministro del Sistema Integrado de Policía (Visipol), Edylberto Molina, quien argumentó que el procedimiento se ejecutaba “por existir suficientes elementos en cuanto a la actuación de este cuerpo policial en diferentes aspectos del restablecimiento del orden público y hechos aislados con funcionarios que se están investigando”.
Amplió Molina que desde el Visipol se han estado haciendo investigaciones sobre las actuaciones de la policía local desde abril, debido a “reiteradas llamadas en materia de orden público” y denuncias de propietarios de establecimientos comerciales y otros señalamientos según los cuales la policía no ha ejercido su rol de resguardo de los bienes y de la población oportunamente.
Las áreas que se tratarán durante la intervención será la de servicio al policía, recursos humanos y la unidad de orden público. En este último departamento chequearán el equipamiento y se ocuparán del entrenamiento de ley que deben cumplir permanentemente los funcionarios, mencionó Molina.
También, se enfocarán en temas de beneficios del personal y la investigación por otras irregularidades que motivaron la intervención como las ocho fugas de reos ocurridas en lo que va de año, “de los cuales el órgano rector ha tenido conocimiento de cinco, donde los funcionarios del área de seguridad que están involucrados directamente en los recintos de detención preventiva no han denunciado ni se han tomado las acciones pertinentes”, señaló el viceministro.
Mientras se aplique el procedimiento se desarrollarán investigaciones penales por las fugas de prisioneros y también de carácter administrativo, adelantó Molina. Adicionalmente, inspeccionarán los recintos de detención preventiva por la sobrepoblación que afecta el funcionamiento de las comandancias.
