Trabajadores y patronos se quejan en el exterior por violaciones que comete el Gobierno de Venezuela en materia económica, laboral, social y política. El próximo 2 de junio se instala en Ginebra, Suiza, la 106º Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y aunque centrales sindicales independientes como la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete) no han sido acreditadas por el Ejecutivo venezolano, organizaciones no gubernamentales sí certifican su participación, lo cual les permite tener voz, mas no voto.
El Gobierno asiste acompañado de representaciones sindicales adeptas a su ideología, pero los patronos, representados en la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), se hacen presentes con denuncias.
Con el nombre de Venezuela reposan en el organismo de las Naciones Unidas aproximadamente 132 expedientes entre quejas, denuncias y observaciones relacionadas al ámbito laboral, por incumplimiento de diversos convenios internacionales suscritos por el país, referidos al empleo decente.
En 2014 el movimiento laborista logró a través de denuncias sustanciadas generalizadas, que una comisión de expertos visitase Venezuela y corroborase las faltas a los convenios suscritos en la materia. Esta sería una de las mayores acciones del organismo hacia un país.
Para el momento realizaron múltiples exhortaciones y exigencias, como convocar a la comisión tripartita para la resolución de temas en la materia. Pero a la fecha el Gobierno venezolano no ha atendido los llamados y aunque sectores del país valoran dichas gestiones como insuficientes, centrales sindicales de Venezuela y el empresariado continúan sustanciando el expediente del país, puesto que el registro de las violaciones permitirá que a futuro los responsables sean juzgados por la ley internacional.
Para esta asamblea se presentarán ante el organismo denuncias por hechos como: despidos injustificados de empleados del sector público por su participación en la convocatoria al referendo revocatorio presidencial y amenazas a quienes no dispusieron en sus espacios de trabajo el cartel “Aquí no se habla mal de Chávez”, ambos hechos relacionados con la discriminación en espacios de trabajo por razones políticas, entre otras faltas.
Fuertes observaciones
En la agenda prevista para la 106º Conferencia de la OIT está predicha la discusión de 15 observaciones fuertes a Venezuela del Comité de Expertos por incumplimiento de los convenios suscritos. Al final habrá un pronunciamiento al respecto, el cual puede ser sanción, exhorto, exigencia o solicitud de una nueva visita al país para corroborar las acusaciones.
Dicha petición se puede dar en un momento en el que el Gobierno no sólo muestra políticas erradas en material laboral, económica y social, sino que es señalado por su actuación irresponsable en aspectos políticos y constitucionales.
Vale destacar que parte de las denuncias de 2016 y las introducidas en esta conferencia serán discutidas y tomadas para próximas agendas, como noviembre, durante el Consejo de Administración.
Venezuela también es el único Estado que viola el convenio N° 122 sobre el derecho al empleo.
Más violaciones
Para José Elías Torres, secretario general encargado de la CTV, la imagen de Venezuela atraviesa su peor momento internacionalmente, puesto que se le reconoce como uno de los patronos más violentadores de las normas establecidas por la OIT.
Se le ha denunciado como violador de convenios como el Nº 26 de las discusiones referidas a la fijación del salario mínimo y las consultas respectivas; Nº 87 de la libertad sindical; Nº 95 por la protección al salario; Nº 111 en rechazo a la discriminación política, entre otros.
En Venezuela el Gobierno no consulta a los sectores productivos para la fijación de los salarios, sino que los ajusta de manera “caprichosa”, lo que ha tenido consecuencias sobre la economía; mayor inflación y escasez, ambos factores que no han sido controlados por el Ejecutivo.
La libertad sindical es coartada con la suspensión de elecciones sindicales y faltas a los convenios colectivos, en especial en instituciones públicas, con el propósito de impedir el fortalecimiento de la estructura sindical.
Movimientos laboristas han denunciado que en Venezuela se trabaja únicamente para comer y no para el desarrollo integral de la familia, puesto que la bonificación por concepto de alimentación es mayor al salario real.
Marcela Máspero, coordinadora nacional de Unete, recordó que la Comisión de Normas de la OIT presentó recomendaciones fuertes a Venezuela y llamó al Gobierno a aceptar la discusión tripartita de alto nivel. Si bien hasta la fecha no ha cumplido con lo dictado, en informes recientes se reitera la actitud de Venezuela sobre la norma.
Criticó que dentro del “fraude Constituyente” el Gobierno pretende eludir lo previsto en convenciones suscritas por la nación, así como lo estipulado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas, entre otras instituciones.
El Gobierno venezolano ha sido denunciado ante este organismo por su incumplimiento a los estatutos referidos al salario digno. La bonificación del salario no sólo no se computa para otros cálculos y evita el incremento del gasto por nómina pública, sino que sumado al salario mínimo, sigue siendo insuficiente debido a los altos precios del mercado, producto de la inflación y la especulación por escasez.
Único gobierno en estas condiciones
Torres lamenta que por no mantener Venezuela un gobierno serio y democrático, deban acudir a instancias internacionales a dirimir estas denuncias, mientras que lo justo está acordado en la Constitución del país y los convenios internacionales suscritos.
-Pero en Venezuela suceden las cosas con descaro. El Gobierno intenta imponer una Constituyente Comunal y viola acuerdos internacionales… Aunque no cumpla los llamados hechos por la OIT, tenemos que seguir denunciándolo. En la OIT no hay marines ni cascos azules. Nadie va a venir y no estamos de acuerdo con eso, pero debe haber presión jurídica que tarde o temprano surta efectos.
A juicio del secretario nacional de la CTV, la presión internacional en materia laboral debe continuar y “esto no representa traición a la patria” sino que “nos están matando de hambre, sin alimento ni medicinas, y queremos que el Gobierno tome en cuenta las denuncias y asuma las recomendaciones”.
Máspero detalló que el de Venezuela es el único Gobierno que presenta quejas por el artículo 26 de los estatutos de la OIT de parte de empleadores y trabajadores en simultáneo, por incumplimiento de la normativa, lo que representa sanciones más graves y la instalación de una comisión de la OIT en el país.
Si bien en un principio Unete apoyó al gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez Frías, en la actualidad llevan hasta la OIT casos de despedidos y de penalizaciones a la actividad sindical. Uno de estos es el de Iván Freites en 2013, sindicalista de la industria petrolera, quien advirtió sobre deficiencias en las refinerías, previo a que se produjeran explosiones y fallas en las mismas. Fue botado por indicar la lamentable situación de la empresa, como también lo hicieron los más de 100 trabajadores del sector azucarero.
En la actualidad, Freites denuncia la problemática nacional de la gasolina y refiere que es perseguido y acosado por dicho motivo.
De Lara son llevados ante la OIT, casos como el de José Luis Ramos, secretario general del sindicato de trabajadores del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat), quien fue despedido por llamar a participar en la recolección de firmas de 2016, para solicitar el referendo revocatorio presidencial.
En la entidad fueron ocho los despedidos, entre trabajadores de Seniat y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). En todo el país, más de 500.
Ambos gremialistas rechazan la criminalización de la actividad sindical y reclamar a la Defensoría del Pueblo que actúe al respecto. Durante cuatro años esta institución ha recibido reclamos por dichos motivos de sectores como el pesquero. Sin embargo, no ha asumido posición en defensa del trabajador.
Exigen se celebre una mesa de diálogo entre trabajadores, patrono y Gobierno, con sectores realmente representativos, a fin de debatir y trabajar por una solución al conflicto laboral. Sin embargo, Ejecutivo y Poder Moral han hecho caso omiso a la propuesta y al llamado internacional.
