El 1º de mayo, al concluir la marcha de los trabajadores que simpatizan con el gobierno, el presidente Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente.
“Convoco a una Constituyente profundamente obrera, comunal, del pueblo”, dijo el mandatario nacional en cadena de radio y televisión.
Maduro hizo mención al artículo 347 de la Carta Magna y destacó que a través del voto directo del pueblo se elegirán 500 constituyentes, quienes “crearán la nueva Constitución”.
Ese mismo día, en horas de la noche y en consejo de ministros, el jefe de Estado firmó el decreto para convocar el referido mecanismo.
Casi inmediatamente, el 3 de mayo, Maduro consignó ante el Consejo Nacional y en manos de la rectora Tibisay Lucena, la propuesta de convocatoria.
Tal acción ha sido, desde el inicio, objetada por factores de la oposición, quienes señalan la inconstitucionalidad de la Constituyente. La describen como fraudulenta, fascista, corporativa y estratificada.
Reiteran que si bien la iniciativa la puede tener el Presidente de la República, el pueblo es el depositario del poder constituyente originario.
Diferentes especialistas en la materia no han dudado en explicar que lo planteado por el mandatario nacional no está reflejado en el texto constitucional. Tampoco se asemeja al proceso convocado por Hugo Chávez en 1999, cuando, según él, se trataba de la mejor constitución del mundo, que tendría una vigencia de 200 años y que el pueblo chavista debía defender.
Constituyente de 1999 vs Constituyente de 2017
En virtud de lo ocurrido en 1999 y lo que ahora propone Maduro, consultamos vía telefónica al politólogo Guillermo Martín, investigador en reforma del Estado, gobiernos locales y descentralización y evaluador de proyectos sociales.
-¿A qué se debió la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de 1999?
-Desde 1997 Hugo Chávez tuvo como principal oferta de campaña la ANC, pero la propuesta constituyente tuvo sus orígenes mucho antes e incluso inspiró el proyecto de reforma general a la Constitución planteado por la comisión que presidía Rafael Caldera, senador vitalicio.
De hecho, figuras como el referendo revocatorio, previstas en el proyecto Caldera, nutrieron la Constitución sancionada por la ANC. Tanto el cuestionamiento general a los 40 años de bipartidismo AD-Copei, como el innegable carisma de Chávez, aunado a la caída de los ingresos petroleros, fueron el caldo de cultivo para que la oferta constituyente cobrase vida propia.
-¿Quién tuvo la iniciativa?
-La Constitución de 1961 era rígida, pues sólo admitía modificaciones por el Congreso (enmiendas o reformas generales). Cuando Chávez asumió el poder el 2 de febrero de 1999 y decretó la celebración de un referendo para consultar al pueblo sobre la convocatoria a una ANC, lo hizo siguiendo los consejos de dirigentes como Jorge Olavarría.
Si bien la Constitución de 1961 no admitía una ANC, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política (LOSPP, artículo 181º) contemplaba la posibilidad de que el Presidente de la República, en Consejo de Ministros; el Congreso por acuerdo de las Cámaras en sesión conjunta y respaldo de dos tercios o 10 % del padrón electoral, tuviesen “la iniciativa para convocar la celebración de un referendo, con el objeto de consultar a los electores sobre decisiones de especial trascendencia nacional.”
Una sentencia del 19 de enero de 1999 de la Corte Suprema de Justicia (Sala Político-Administrativa) ya había establecido la posibilidad de convocar a un referendo consultivo sobre la ANC. Además la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (Copre), presidida por Ricardo Combellas, se transformó en Comisión Presidencial Constituyente.
-¿Cómo se dio la consulta al pueblo?
-La Corte Suprema se apegó al contenido de la LOSPP (artículos 182º a 195º) y exigió otro referendo, de modo similar a lo previsto por la Constitución de 1961 para ratificar una reforma general. Se trataba de dos referendos: uno, para convocar la ANC y aprobar sus bases comiciales y otro para ratificar la nueva Constitución. Sin embargo, no hubo requisito de porcentaje mínimo de votantes para hacer obligatorios los resultados (el referendo consultivo no difiere de un plebiscito).
Pese a que es difícil especular qué habría hecho Chávez si la Constitución no hubiese sido ratificada en diciembre de 1999, considérese que cuando perdió el referendo por la reforma constitucional en 2007, convocó otro sobre una enmienda donde figuraba la reelección indefinida para todos los cargos (no sólo para la Presidencia), el cual ganó en 2009; al mismo tiempo, aprovechó su hegemonía parlamentaria para reformar la Ley de Consejos Comunales y un año después impuso las cinco leyes del Poder Popular, quizá lo más polémico de la fallida reforma.
-¿Cuántos fueron los constituyentistas?
-Fueron 131 diputados: 104 electos en los 23 estados y el Distrito Federal; 24 en una circunscripción nacional y 3 en otras tantas circunscripciones indígenas.
Aunque los candidatos fueron postulados como independientes, bajo sistema electoral mayoritario (voto nominal puro), en realidad el chavismo obtuvo 125 escaños con 60 % de los votos.
En ausencia de representación proporcional, la oposición sumó 40 % de los votos y apenas 4,6 % de escaños.
-¿Cuánto duró el proceso?
-Desde el decreto de Chávez con iniciativa de convocatoria a la ANC, hasta la promulgación de la nueva Constitución, transcurrieron 331 días (casi 11 meses). Las sesiones de la ANC, para redactar y sancionar la actual Constitución (con 98 artículos más que la de 1961), sólo demoraron 106 días (3 meses y medio). Entonces el chavismo era una fuerza hegemónica y sin fisuras, con lo cual no había posibilidad real de debate.
-¿Cuáles fueron las principales reformas?
-La Constitución de 1999 permitió la reelección presidencial única e inmediata, ampliando el mandato presidencial a 6 años y el de gobernadores y alcaldes a 4; estableció un parlamento unicameral (sin Senado) y creó los Poderes Electoral y Ciudadano, además de adaptar el referendo consultivo de la LOSPP y crear los referendos revocatorio (cargos de elección popular), aprobatorio (proyectos de ley) y abrogatorio (leyes).
En paralelo, la ANC originaria ratificó al Poder Ejecutivo y forzó la autodisolución del Legislativo y el Judicial. Mediante decreto de régimen de transición, la ANC convirtió a la Corte Suprema de 3 salas y 15 magistrados en Tribunal Supremo con 6 salas y 20 magistrados; a su vez, cambió por completo al Consejo Nacional Electoral (CNE).
También la ANC forzó la “relegitimación de poderes” con las disposiciones transitorias de la nueva Constitución; por tanto, en julio de 2000 hubo que realizar elecciones presidenciales y regionales para cargos cuyo ejercicio no llegaba a 18 meses, mientras que los comicios municipales, pendientes desde 1998, fueron postergados a diciembre de 2000, simultáneamente con un referendo para intervenir los sindicatos. Ello permitió al chavismo invertir la correlación de fuerzas, logrando la mayoría parlamentaria (hasta diciembre de 2015), así como de las gobernaciones y alcaldías.
La pretensión de Maduro
Explica Martín que si en 1999 AD (5 gobiernos) y COPEI (2) estaban en sus niveles mínimos de popularidad, ahora el régimen heredado por Nicolás Maduro tiene 18 años de desgaste y, como el segundo gobierno de Caldera, sufre una caída abrupta de la renta petrolera.
Por si fuera poco, apuntó, el legado de Chávez –la economía en ruinas por sus políticas de confiscación, estatización, endeudamiento y control cambiario discriminatorio- se traduce en hiperinflación, inseguridad, colapso de servicios, escasez y desabastecimiento de alimentos, medicinas, insumos y repuestos.
“La propuesta de la ANC surge con pleno rechazo al régimen. El referendo revocatorio presidencial fue abortado por tribunales penales y las elecciones regionales tienen al menos un semestre de retraso. Maduro reconoce que quiere una ANC para “sacarse la espina” de las elecciones parlamentarias de 2015, cuando la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró la mayoría calificada de dos tercios, que le habría permitido renovar el CNE y los cargos vacantes en el Tribunal Supremo.
Recuerda el politólogo que a fines de 2015, la Asamblea saliente cubrió de manera irregular las magistraturas y luego la Sala Constitucional declaró omisión legislativa y renovó el CNE, vetando cualquier proyecto de ley promovido por la MUD y dejando sin diputados al Amazonas y a la Región Indígena Sur.
Por si fuera poco, Maduro ha contado con un decreto de estado de excepción y emergencia económica desde enero de 2016, un poder habilitante ilimitado. A su vez, la Asamblea Nacional hasta optó por declarar abandono del cargo por el Presidente.
“Con tales antecedentes, los anuncios de Maduro sobre bases comiciales apuntan a una ANC convocada por él mismo (sin referendo), con elecciones indirectas y corporativas para escoger 500 diputados, 250 en forma territorial (municipios o comunas) y 250 por sectores.
Adviértase que 77 % de las alcaldías está en manos del oficialismo y que el padrón de las misiones sociales vislumbra su electorado cautivo. Además, Maduro ha ofrecido al menos 250 escaños para mujeres”.
Martín explica que aunque la ANC está consagrada en la Constitución de 1999, el ordenamiento (artículos 347º a 349º) sólo menciona procedimientos de iniciativa de convocatoria del órgano y de promulgación de una nueva Constitución, sin que se exija referendo consultivo para ratificar ambos pasos.
Dicho requisito sí se contempla en casos de enmienda y reforma general (artículos 341º y 344º), figuras de alcance menor que una ANC.
La LOSPP fue derogada en 2009 y la jurisprudencia de la Corte Suprema en 2009 tampoco es vinculante. Si la Constitución de 1961 era rígida, la actual es demasiado flexible, pues se presta a la arbitrariedad de quienes ejerzan la iniciativa de convocar una ANC originaria.
Por otra parte, el chavismo no es homogéneo en cuanto a la pertinencia de cambiar la Constitución de 1999, que algunos consideran el mayor legado de su líder fundador.
Pasado y presente
Debido a su pasado golpista, el proceso constituyente promovido por Chávez despertaba muchas dudas, pero su llegada al poder por vía democrática y gran popularidad le permitieron consolidarlo.
En contraste, desde las elecciones de abril de 2013, Maduro ha sido cuestionado –hasta con acusaciones de narcotráfico hacia su entorno- y tanto en 2014 como ahora ha habido manifestaciones y exceso de represión, con saldo de decenas de asesinatos y cientos de detenidos, algunos desde hace tres años.
El desconocimiento del parlamento por la Sala Constitucional y el pronunciamiento del Ministerio Público sobre “ruptura del orden constitucional”, a fines de marzo, fueron la alarma para que la OEA y el Mercosur aplicaran sus cláusulas democráticas contra el gobierno de Maduro, que ya no cuenta con apoyo de las grandes organizaciones creadas y financiadas por Chávez: Unasur y Celac.
Apenas lo respalda el ALBA. La convocatoria arbitraria a una ANC es vista por OEA y Mercosur como la prolongación de un autogolpe de un régimen cada vez más militarista que niega la posibilidad de alternancia, puntualizó el entrevistado.
