Alfredo Ramos es el Alcalde del municipio Iribarren, lo mismo que Henri Falcón es el Gobernador de Lara. El pueblo con su voto los eligió. Limpiamente. En procesos electorales en los cuales compitieron en desventaja contra el aparato público ilegítimamente privatizado por el grupo que controla un partido y por esa razón se cree amo del país entero con todo lo que tiene adentro. Territorio, habitantes, leyes, riquezas y símbolos. Y no lo son.
A Alfredo Ramos no lo defiendo porque lo conozco desde que fuimos diputados al Congreso de bancadas distintas y con posiciones más de una vez enfrentadas. Entonces aprendimos a respetarnos en medio de las diferencias, a valorar la persona más allá de su opinión. No lo defiendo porque sea amigo mío que lo es, y a mucha honra, y tampoco porque seamos compañeros en la Unidad, que lo somos. Lo defiendo porque creo en el Derecho, porque sostengo sinceramente que esa Constitución por la que no voté en diciembre de 1999, pero que el pueblo venezolano se dio y además ratificó cuando se intentó reformarla para cambiar su sentido a conveniencia de una voluntad personal, puede ser el espacio para el encuentro fecundo entre todos los venezolanos, en medio de nuestra diversidad, en ese pluralismo que ella reconoce y garantiza.
Los que no pudieron ganar el gobierno municipal conquistando la inteligencia y el corazón de la gente para recibir más votos, tras ejercerlo y deteriorarlo hasta el desprestigio, quieren asaltar la Alcaldía por la puerta de la cocina. A la manera de los bandidos. Abusando del poder y de la fuerza. En realidad, no es a Alfredo que se la quieren quitar, es al pueblo de Iribarren. De todo Iribarren. A los ciudadanos de Juan de Villegas a Santa Rosa, de El Cují a Buena Vista, de Unión a Concepción, de Catedral a Bobare, de Tamaca a Río Claro a quienes el reducido grupito de los avispados, incapaz de ganar en buena lid el derecho a gobernarlo, quieren expropiarle su municipio.
Un recurso de amparo constitucional contra el alcalde Ramos se ha introducido y admitido, por no usar la fuerza pública de la policía municipal, para controlar las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar a comienzos de mes en Las Trinitarias y El Ujano. Es decir, porque no ordenó al cuerpo del cual con las limitaciones constitucionales y legales dispone, arremeter contra la Constitución como lo han hecho la PNB y la GNB, con trágico saldo para la sociedad y vergonzoso efecto en la reputación de esos organismos.
El intento mismo es un contrasentido. El amparo existe para defender la vigencia de la Constitución, en cuanto al goce y ejercicio de los derechos y garantías que consagra, no para vulnerarla. Releer el 27 constitucional sería útil a los jueces, cuando asumen la responsabilidad de decidir, de administrar justicia “en nombre de la República y por autoridad de la ley”. Porque ésta es, señores, una República, hasta nuevo aviso. No es Venezuela el imperio salvaje de la ley de la selva.
Vivimos una hora aciaga de la Patria venezolana. También lo es de esperanza. La lucha de nuestro pueblo en las calles, y la de nuestros representantes, voceros y dirigentes, no se perderá. Este país está decidido a cambiar, y cambiará.
