El gobierno del presidente Donald Trump impuso el jueves sanciones contra miembros del Tribunal Supremo de Venezuela por una serie de dictámenes que, de acuerdo con Estados Unidos, usurparon las facultares de la Asamblea Nacional y dieron pie a una mortal ola de protestas.
El Departamento del Tesoro anunció que congelaría los activos de ocho funcionarios del Tribunal Supremo con el fin de apoyar al pueblo venezolano «en su empeño por proteger y hacer progresar la gobernabilidad democrática».
Los sancionados serían, Luis Damiani, Arcadio Delgado, Gladys Gutierrez, Juan Mendoza, Maikel Moreno , Calixto Ortega, Lourdes Suarez y Carmen Zuleta.
El Tribunal Supremo de Justicia emitió en marzo un fallo que arrebató sus últimos poderes a la Asamblea Nacional, donde los legisladores de oposición son mayoría.
El fallo fue revertido parcialmente poco después ante las críticas de la comunidad internacional, pero detonó un movimiento de protesta que ha continuado durante casi dos meses y ha causado la muerte de más de 40 personas.
Las nuevas medidas del Departamento del Tesoro conforman la segunda ronda de sanciones que el gobierno de Trump impone a altos funcionarios venezolanos. En febrero, el gobierno estadounidense ordenó sanciones contra el vicepresidente Tareck El Aissami, a quien acusó de tener un papel en el narcotráfico internacional.
Antes del anuncio, Trump había dicho que «desde el punto de vista humanitario, es algo que no hemos visto en mucho tiempo». El mandatario estadounidense se reunió el jueves en la Casa Blanca con el presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Trump dijo que hablaron sobre Venezuela.
Cientos de miles de venezolanos han participado en manifestaciones casi diarias contra el gobierno desde el fallo del Tribunal Supremo. Durante las protestas, es común que las fuerzas de seguridad lancen gas lacrimógeno y disparen balas de goma contra los manifestantes, algunos de los cuales les lanzan rocas y bombas incendiarias.
Más de 2.000 personas han sido detenidas y varios cientos han sido llevadas ante tribunales militares, de acuerdo con Foro Penal, una cooperativa de abogados sin fines de lucro que defiende a muchos de los acusados.
Cientos han resultado heridos y por lo menos 47 han muerto, aunque la Fiscalía General solo reconoce 42; una cifra similar a la de la última ola de agitación política en 2014.
