En sesión ordinaria de este miércoles, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la creación de una comisión “de alto nivel” que evaluará las garantías que permitan la transición democrática y la unidad nacional.
El debate inició con el derecho de palabra al primer vicepresidente del Parlamento, diputado Freddy Guevara, quien ilustró que la transición no se debía a un término jurídico sino a un proceso en el cual se busca la transformación, que en Venezuela se resume de pasar de la dictadura a un sistema democrático.
“Pensar que un camino de negociación nos llevará a la libertad, con quienes no son democráticos, es una ilusión. Y pensar que solamente la presión nos conducirá a la reconstrucción de Venezuela es obviar que nuestro mandato no es nada más salir de la dictadura sino garantizar que haya estabilidad política para reconstruir a nuestro país”, indicó al tiempo que insistía en que ambas vías van de la mano.
Guevara enfatizó que el factor opositor está llamado a orientar al pueblo en el marco de la resistencia y paralelamente, puntualizar las estrategias para que los organismos que sostienen a Nicolás Maduro en el poder, se coloquen del lado del pueblo y la legalidad.
“El Presidente sabe que sin el respaldo de las Fuerzas Armadas no puede imponerle un proyecto comunista a Venezuela. Sin la complicidad del Tribunal, no pueden imponer la represión ni el fraude de la Asamblea Constituyente (…) Es más costoso unirse a Maduro que colocarse del lado de la gente”.
El también coordinador del partido Voluntad Popular, sostuvo que a través de un proceso de reconciliación nacional se evitará aumentar el costo que hasta el momento ha dejado un saldo de 44 fallecidos oficialmente, dada la represión ejercida por funcionarios del Estado. “Llegó el momento de abandonar a un asesino e iniciar un camino de paz para la reconstrucción”.
Por su parte, la parlamentaria Dinorah Figuera, aportó que más que lograr un acuerdo nacional, debe conformarse un gran movimiento espiritual y moral que coadyuve a sumar más personas a la lucha pacífica.
Esta Comisión Especial estará integrada por la Directiva del Parlamento y los diputados Stalin González, Teodoro Campos y Juan Pablo García.
Alcaldes apoyan a Alfredo Ramos
En el segundo punto del orden del día, se debatió sobre la persecución existente contra alcaldes y gobernadores opositores, que en los últimos días se ha materializado con la supuesta destitución del alcalde de Iribarren, Alfredo Ramos, y con las inhabilitaciones de Henrique Capriles Radonski (Miranda) y Liborio Guarulla (Amazonas).
En representación del gremio, el alcalde de Baruta y abogado, Gerardo Blyde, recordó que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal establece las causas para que un mandatario local abandone sus funciones: el fallecimiento, la renuncia, la incapacidad física y mental certificada por una junta médica por sentencia firme decretada por cualquier tribunal, y que la Cámara Municipal decrete la falta absoluta (por más de 90 días). “Las causales son taxativas, no las pueden inventar”.
Detalló que estas arremetidas pretenden obligarlos a prohibir las protestas pacíficas en sus jurisdicciones, lo cual no sucederá. “Échenle pichón. No vamos a retroceder. Las manifestaciones no son derechos que requieran permiso”, dijo al Poder Judicial.
Mientras que el alcalde del municipio El Hatillo, David Smolansky, expresó “el Gobierno no sabe con quién se metió, con el pueblo de Lara, unos guaros valientes”.
Mientras que Ramos advirtió que se guarda la pretensión de juzgarlo por tribunales militares, luego de que recibiera una notificación en la que se solicita una copia de la autorización para realizar manifestaciones en la entidad, a fin de colaborar en investigaciones de tipo “militar”.
Rechazo al Decreto de Emergencia
En el tercer punto, la Asamblea Nacional rechazó la sexta prórroga del Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica. El diputado José Guerra indicó que esta decisión “solo sirve” para continuar destruyendo el país.
Destacó que urge un cambio de políticas económicas, que inicie con la desaparición del control de cambio y la liberación del mercado para que el Banco Central de Venezuela controle la fluctuación. “No más remiendos de Dicom, Dipro, Sicad ni Cencoex. Que no sea una mafia la que controle sino que los ciudadanos tengan acceso a las divisas”.
