Las funciones de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, han sido traspasadas arbitraramente al comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, general Antonio José Benavides Torres, quien además tiene la característica de juez militar.
La denuncia a EL IMPULSO, la formuló el Dr. Rafael Nárvaez, profesional del Derecho en la especialidad penal, ex parlamentario y coordinador nacional de la asociación civil Defensa por los Derechos Civiles, quien señaló que esta situación totalmente ilegal e inconstitucional se ha producido para la aplicación del denominado Plan Zamora.
Este dispositivo, dijo, pasa por la utilización de los tribunales militares, que han asumido competencias de procesar y pretender juzgar a civiles, desconociendo nuestra Carta Magna que no permite que se invada lo que correspondería en todo caso, a los tribunales civiles.
Es así como el Ejecutivo Nacional ha convertido al general Benavides en fiscal y juez militar, pasando por alto las funciones propias del Ministerio Público.
La justicia militar tiene competencia para procesar y juzgar a militares activos por delitos militares, como por ejemplos la desobediencia o situaciones de rebelión dentro de la institución.
Pero, ahora con el juzgamiento de manifestantes, claramente se ha producido el desplazamiento de la Fiscal Ortega Díaz de sus funciones.
Evidentemente, se ha enterrado el debido proceso y el derecho al juez natural.
En el curso de los 45 días de protestas, un gran número de manifestantes han sido detenidos y puestos a la orden de los tribunales militares.
Este es un hecho de extrema gravedad, resaltó, porque coloca al país al margen de toda legalidad.
Lo que está ocurriendo son crímenes de lesa humanidad que no prescriben, y advertimos que las detenciones arbitrarias son parte de una larga lista de elementos por los que serán juzgados en algún momento.
El Dr. Narváez refirió que ha sostenido conversaciones con familiares de los detenidos, sobre todo en el estado Carabobo donde se han registrado los mayores casos de enjuiciados por tribunales militares, recibiendo denuncias muy preocupantes
En este sentido, hay torturas psicológicas y presión a los detenidos al ser amenazados con que serán trasladados a la Penitenciaría General de Venezuela en el estado Guárico.
Y lo que más llama la atención es que la justicia militar se niega a dar acceso a la investigación penal por parte del Ministerio Público.
Esta situación viene ocurriendo luego de que la Fiscal Luisa Ortega Díaz afirmara que en Venezuela hay una ruptura del hilo constitucional.
El Tribunal Supremo de Justicia está en la obligación de indicarle al Ejecutivo Nacional y al general Benavides que el código militar tiene más de setenta años y no está adaptado al principio de progresividad de los Derechos Humanos ni a la Constitución vigente.
Instó a Maduro a decir si asumió la política represiva a los venezolanos como una política de Estado. Y el TSJ debe declarar si anuló la función del Ministerio Público y lo transfirió a los militares.
