En una asamblea convocada por la fundación Padres de Lara y desarrollada, ayer, en el paseo Juan Guillermo Iribarren, un grupo de progenitores y representantes de estudiantes de varias instituciones de primaria y secundaria compartieron las inquietudes que los agobian estos días con lo relacionado a la educación de sus hijos y el temor de tenerlos fuera de casa, dadas las continuas protestas en la capital larense.
Por la incertidumbre de saber que a diario se viven en la ciudad manifestaciones que en buena parte de los casos, terminan en enfrentamientos, una importante porción de padres y representantes se niega desde hace semanas a llevar a los hijos a clases, pues, como lo argumentó la integrante de Padres de Lara, Guadalupe Yépez, el Estado ni la Zona Educativa están garantizando la seguridad de los alumnos.
“Las escuelas, los liceos han sido totalmente responsables. Nunca nos han cerrado las puertas. Nuestros directores de instituciones están cumpliendo con el derecho a la educación de nuestros hijos. Somos nosotros los padres los que no los hemos llevado y es responsabilidad de los padres que los niños no estén asistiendo, mas no como como está llamando el Ministerio de Educación que son los colegios que deben obligar”, abundó otra representes de la fundación, Maixie Ramos.
Por la determinación de no exponer a los niños y adolescentes llevándolos a sus respectivas instituciones, los padres se sienten “acorralados”. La razón: “Están amenazando, porque hay rumores de que se puede perder el año escolar. Hemos tenido infinidad de ocasiones en las cuales el presidente (de la República) dice que no hay clase y cuando evalúas las razones te das cuenta de que no son las más idóneas. Sin embargo, en estos momentos se nos está despedazando el país y es como si no pasara nada”, dijo Ramos.
No obstante, defendió que hasta ahora los estudiantes tienen el 75 por ciento de la asistencia necesaria. Hay planteles, añadió la representante, donde se ha tomado como alternativa el envío de tareas vía electrónica para luego evaluarlas.
Fundamentados en el empeño de resguardar la vida de sus hijos, entre las medidas planteadas en la asamblea, figuró la redacción y entrega de un documento tanto a la Gobernación como a los institutos de protección de los menores de edad y la Zona Educativa “para que sean los garantes de que el ambiente educativo esté protegido, mientras eso no ocurra no vamos a llevar a los niños a clases”, sentenció Ramos.
