El extremo al que ha llegado la confrontación política entre el gobierno y la oposición en nuestro país, parece indicar que no hay condiciones para una negociación entre las partes, excepto que un grupo de países amigos, aceptado por ambos contendientes, haga una proposición que los convenza de lo beneficiosa para el país y el continente.
Para cualquier observador o analista elemental, la continuación de la movilización masiva de una mayoría de venezolanos, de una manera pacífica y absolutamente constitucional, hasta hoy no parece garantizar el triunfo por la defensa del orden democrático y la vigencia de la Constitución Nacional de la República Bolivariana, frente a una minoría, sin apoyo popular, pero sostenida por el Alto Mando Militar y los paramilitares, que reprimen y asesinan a los manifestantes.
El gobierno del Presidente Nicolás Maduro es cada día más un régimen militar, que lo que él y sus ministros denominan cívico militar. Pero con todo ese respaldo de la fuerza bruta, está cercado tanto por la mayoría de la sociedad civil venezolana, como la de los países democráticos de nuestro continente y del mundo occidental. Si sus planes son pasar del autoritarismo a la tiranía, tendrá que desafiar y confrontar con mayor violencia, a la mayoría de la población nacional y a los gobiernos democráticos del universo, en una era de la integración y globalización, no sólo de la economía, sino también de la política y de sus aspectos más sensibles como la Defensa de los Derechos Humanos, para cuya vigencia se requiere la existencia del Estado de Derecho.
En los actuales momentos de nuestra historia política estamos en los niveles de la agudización del conflicto, que sólo puede neutralizarse mediante una negociación, en la que las concesiones que deben hacer cada uno de los beligerantes, estén orientadas a resolver el problema fundamental del país, que es el imperio de la Constitución Nacional, único camino que conduciría a la paz y a la convivencia ciudadana, sin retaliaciones ni venganza política.
El supuesto triunfo del gobierno de Maduro, descartada cualquier negociación, tendría que alcanzarlo a través de la profundización de una dictadura militar, inaceptable para la mayoría de los venezolanos que hoy protestan en las principales ciudades del país a favor de la democracia, e incluso para los países democráticos del continente americano. Para consolidar esa victoria tendría asesinar y encarcelar a miles de venezolanos, que han demostrado que están decididos a luchar hasta el final, para vivir en democracia y libertad.
El éxito de la oposición requeriría que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, tal como lo ha planteado el Presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, presione al gobierno para que respete la Carta Magna, que de aceptarla el Jefe del Estado, provocaría la reacción violenta de los radicales del PSUV y seguramente la intervención de los paramilitares. La barbarie se haría presente con consecuencias graves para la estabilidad de un gobierno democrático.
Para un mínimo de convivencia civilizada, los actores políticos que tienen la mayor responsabilidad en la conducción del país, deberían pensar y discutir en torno a una posible solución, negociada, a la crisis que atraviesa la nación venezolana.
