Ninguno de los 18 guardias nacionales y 7 policías nacionales que tienen orden de aprehensión por encontrarse involucrados en homicidios perpetrados en el estado Lara han dado la cara frente a la justicia hasta ahora.
En total son 25 los funcionarios que están en condición de prófugos, las Fiscalías 6ta y 21 son las que llevan el caso.
Se fueron del comando
El sábado 4 de febrero fueron ejecutados Héctor José León Peralta (27), Edwin Ramón Martínez León (27) y Yeison José Angulo Urriola (23), en el caserío Mocundo, vía hacia el caserío El Jebe, en el municipio Jiménez. Las víctimas eran agricultores y al momento de ser ejecutados lo hicieron con armas de fuego y además quemaron sus cuerpos dentro del vehículo en que andaban.
Un mes después del hecho el Eje de Homicidios del Cicpc logró esclarecer el caso, ocho funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) resultaron ser los autores del crimen y el martes 7 de marzo los investigadores acudieron al comando de la PNB ubicado en Alí Primera, lugar donde estaban destacados la mayoría de los efectivos para hacer las aprehensiones.
Allí localizaron a la oficial Vanessa Alejandra Pire Yaguas (23) a quien detuvieron de inmediato y el resto de uniformados, extrañamente, habían dejado sus armamentos y desaparecido. Fueron identificados como: el inspector jefe Walter Leroy Álvarez Lugo, el oficial agregado Alexis José Colmenárez Méndez y los oficiales Jhonfer Alexander Valera Perozo, Lenin José Querales de Fréitez, Fernando Antonio Ballester Sánchez y Balbino Yohan García Hurtado. Han pasado dos meses y se desconoce su paradero.
Ya están en el SIIPOL
Por el caso de Gruseny Antonio Canelón Scirpatempo (32) mejor conocido como Tony, existen 14 órdenes de aprehensiones contra efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Fue la propia víctima quien relató, al ser ingresado al Hospital Central Antonio María Pineda, el pasado 11 de abril, que fue herido por un GN en medio de una manifestación. El joven falleció el 13 de abril.
Por este caso fue la Fiscalía 21 del Ministerio Público, con competencia en Derechos Fundamentales, así como la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos del Ministerio Público, quienes se encargaron de asumir la investigación y a través de Carlos Torrealba Gamarra, Juez de Control 7, el pasado 18 de abril, bajo el número de oficio 4071 se libraron las órdenes de captura a los 14 funcionarios de la Guardia Nacional, involucrados en el homicidio de Tony.
Los mismos fueron identificados como: sargento primero Lucindo José Parra Mendoza, José Ángel Rodríguez Pérez, Jorge Luis Chirinos Perozo, Carlos Enrique Urbaneja Villamizar, Orangel David Morán Sánchez, los sargento segundo Alí Froilán Meléndez Muñoz, Yorman Alexis Pérez Camacaro. Sargento segundo Wilmer Alberto Arriechi López, Jackson James García García, Edixon Antonio Silva Almao, Marcos Gabriel Sánchez Peroza, el sargento tercero Pastor José Oviedo Mariño, sargento mayor de tercera Yanin Alejandro Vera Rodríguez y el capitán Wilfredo Ramón Pirela.
En un momento se supuso que el propio general Hernán Hómez Machado los pondría a derecho, pero el silencio reinó.
La respuesta en el Zonal 12, antiguo Core 4, es que dichos castrenses no se encontraban en ese organismo y desconocían su paradero.
Un mes después por parte del Ministerio Público están siendo ratificadas las medidas de libertad y ya fueron incluidos en el Sistema de Investigación e Información Policial (SIIPOL).
Es decir oficialmente son unos prófugos de la justicia.
Salen los nombres
Por la muerte de Eyker Daniel Rojas Gil (20), quien fue asesinado el pasado 26 de abril en la carrera 15 con calle 61, en la zona oeste de la ciudad, fueron libradas cuatro órdenes de captura.
Dicho joven fue impactado en el rostro por un proyectil disparado por un fusil de asalto, de manos de los castrenses que estaban instalados en el punto móvil que se encuentra frente al Gran Polo Patriótico (GPP).
Los funcionarios castrenses son: José Rafael Rodríguez, Jeferson Julián Mora Pereira, Jhonkar Jesús Ceballos Hernández e Ysmer José Valero González. Los dos primeros aparecen ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votantes en Lara, mientras los otros dos mencionados, en Miranda y Carabobo.
Estos también son requeridos por los tribunales larenses, a petición de la Fiscalía 21 del Ministerio Público.
Encubren a los funcionarios
“El propio General está recurriendo al delito de encubrimiento, es su superior inmediato debió ponerlos a derecho. No por ser superior está exento de la responsabilidad y la ley” destaca Pedro Troconis, abogado penalista y coordinador del Foro Penal capítulo Lara, en el caso de los castrenses.
“Reconozco el enorme esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público, porque me consta, pero los cuerpos de seguridad están actuando como verdaderos delincuentes al tapar a los involucrados”, destaca el profesional del derecho.
Así mismo recuerda que los homicidios son delitos de lesa humanidad y no entiende cómo es posible que los cuerpos de seguridad se activen de forma tan “diligente” con denuncias genéricas para perseguir activistas o defensores de Derechos Humanos y con las aprehensiones para funcionarios que están metidos en crímenes no lo hagan.
Carlos Meléndez, sociólogo y representante en Lara del Observatorio Venezolano de Violencia, destaca que simplemente “el Estado venezolano se hace de la vista gorda y dicha situación da pie a una permisividad no oficial para que delincan porque saben que no van a ser aprehendidos, ni castigados”.
Destaca que casos como estos son los que fomentan la impunidad, que es el factor reproductivo para la violencia en Venezuela. Haciendo hincapié que de cada 100 homicidios, sólo se hacen 8 detenciones en el país.
“Lo que se hace es tapar la actuación de los funcionarios, cuando cometen hechos delictivos”, asegura Meléndez.
Al final de cuentas ambos especialistas no entienden por qué esta actuación se está haciendo recurrente en Lara y esperan que pronto se haga justicia en los tres casos.
