Panorama venezolano ante un nuevo proceso constituyente, se tituló la conferencia en la que participaron los abogados Nelly Cuenca, Jorge Rosell, Joel Rodríguez Ramos y Julio Pérez Graterol.
Esta iniciativa auspiciada y efectuada en la sede de la Cámara de Comercio del estado Lara la mañana de ayer, reveló a la audiencia en qué consiste esta iniciativa del Presidente de la República.
En primer lugar, Pablo Chirinos, primer vicepresidente de la Cámara de Comercio del estado Lara, destacó que ante la inquietud generada en la población, comerciantes y empresarios en torno a la Asamblea Nacional Constituyente, decidieron abrir el citado debate para aclarar las dudas al respecto.
“Nosotros vemos con preocupación que no se está cumpliendo con los requisitos establecidos en la Constitución para llamar a una Constituyente. Hasta este momento solo tenemos la convocatoria y el decreto”.
Chirinos añadió que la inseguridad jurídica aleja a los inversionistas, lo que devendrá en desempleo y agudización de la falta de producción. “Si no se consulta al pueblo, esa Constituyente no tendrá legalidad”.
A su vez, la doctora Nelly Cuenca de Ramírez, secretaria general del Consejo de Estado para la Paz y la Justicia (Cepaz), se enfocó en la pertinencia de la mediación para garantizar la paz en Venezuela.
“Maduro plasmó en el decreto que la Asamblea Nacional Constituyente se convocará para garantizar la paz pero a mi juicio la Constituyente, tal y como se ha planteado, no garantiza la paz, al contrario, suscita controversia, polarización social y violencia. Ya lo estamos viendo”.
Puntualizó que la ANC introduce varios aspectos irregulares, entre estos, que los constituyentitas van a ser elegidos por territorio y por sectores.
“Por territorio entendemos que se trata de circuitos electorales. El CNE, como ya lo ha hecho, resolverá qué circuitos con menos población, tendrán más constituyentes favorables al gobierno. Esto se llama territorialización del voto”.
El otro concepto es la calificación de sector. “Se está incorporando el criterio de la corporación que ha sido propio de gobiernos fascistas, que imponen constituciones a su medida. Uno intuye que se elegirán constituyentitas por el sector del poder comunal. Eso viola el artículo 5 de la Carta Magna que establece que el poder reside en el pueblo y lo ejerce por medio del sufragio directo, universal y secreto”. Territorio y sectorización, liquidan ese principio.
Jorge Rosell, expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia y expresidente del Colegio de Abogados del estado Lara, basó su ponencia en cuatro puntos fundamentales: la inconstitucionalidad de la propuesta, por qué calentar la calle, la justicia militar aplicada a civiles y complicidad del CNE.
Rosell recordó que según los artículos 347 y 348 de la Carta Magna, el presidente Maduro tiene la facultad de iniciar el proceso a través de una solicitud ante el CNE. El 347 establece que el pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario y en ejercicio de dicho poder puede convocar una ANC.
Es a través de un proceso comicial que se le consulta al pueblo si quiere o no una nueva Constitución. Si el pueblo dice que sí, se pasa a conformar esa ANC.
“Maduro se llevó por delante a la Constitución al convocar directamente el proceso constituyente”.
El abogado explica que los venezolanos no tienen instancia a las cuales recurrir ya que todas son brazos del Gobierno.
“Al pueblo solo le queda la calle y protestar. Algunos dicen que la protesta deviene en actos ilícitos pero calentar la calle es un deber previsto en el artículo 333 que reza que en caso de corromperse la Carta Magna todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar el restablecimiento de su efectividad y vigencia”. El artículo 350 establece el derecho que tiene el venezolano.
“El pueblo venezolano desconocerá cualquier régimen que contravíe los valores, principios y garantías democráticas y menoscabe los derechos humanos”.
Acotó que la complicidad del CNE viene dada desde que el órgano comicial le da el visto bueno a la solicitud hecha por el Presidente de la República.
Para el doctor Joel Rodríguez Ramos se trata del problema más serio que vive la República desde la Guerra de Independencia.
Hasta ahora el Presidente ha propuesta una ANC con 500 personas y en 1999 se trató de 131 personas nada más.
De esas 500 personas, la mitad los decidirá Maduro por territorios y sectores. “Una ANC puede tener facultades hasta para transformar el Estado. En 2007, cuando Chávez propuso la reforma constitucional, convertía a Venezuela en un estado socialista y el pueblo se opuso a ello”.
Precisó que no nos tienen que imponer una ideología de Estado.
Precisó que la finalidad de la Constituyente es darle más poder al Gobierno, apropiarse de la Asamblea Nacional, cambiar los derechos económicos, etc.
“Como a ellos les incomoda la Constitución vigente buscan la manera de cambiarla por medio de la Constituyente, es decir, arrasarán con los poderes”.
