Fedecámaras está dispuesta a respaldar cualquier proceso de votación, siempre y cuando esté enmarcado dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero, no participaremos en un proceso constituyente que esté de espaldas al pueblo soberano.
No son posibles acuerdos ni diálogos fuera de la Constitución.
Así lo expresó la organización empresarial, en documento institucional, al ratificar su posición de que “No es el momento para una Constituyente”, entregada en acto que contó con la presencia de los expresidentes Freddy Rojas Parra, José Manuel González, Jorge Botti y Jorge Roig; los presidentes de organismos sectoriales como Fedeagro, Aquiles Hopkin; de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga; de Consecomercio, María Carolina Uzcategui, así como de los presidentes de las 23 Fedecámaras regionales.
En el comunicado, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela -Fedecámaras- acordó dirigirse a la opinión pública, en ocasión de la sucesión de hechos que mantienen al país en un estado de inestabilidad política y social e inseguridad jurídica, así como por la reciente convocatoria mediante Decreto, por parte del Presidente de la República, a una Asamblea Nacional Constituyente.
Ratifican su posición de que: “No es momento para una Constituyente”. Hay que reconocer la realidad existente. El país reclama soluciones a los problemas que aquejan a toda la población venezolana y que se profundizan, día a día, en materia de desabastecimiento de alimentos, medicinas, inflación, pérdida creciente del poder adquisitivo, inseguridad e inestabilidad política, social y económica.
La organización empresarial considera que no es vía Asamblea Nacional Constituyente, que se resuelven las exigencias de la población. Los problemas de los venezolanos no han podido solucionarse con leyes habilitantes ni con Decretos de Emergencia Económica.
Profundiza la crisis
Lo que se requiere es un cambio de modelo económico, es la adopción urgente de medidas que resuelvan los problemas de la población y que logren, de manera definitiva, restablecer el orden jurídico, social y económico, sobre la base de la restitución del ambiente democrático del país, el respeto a la Constitución, la garantía de los derechos humanos de todo ciudadano y el rescate de la institucionalidad.
La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, en los términos planteados, en lugar de resolver, profundiza la crisis, ya que no cuenta con la legitimidad que otorga el apoyo del pueblo soberano. Independientemente del alcance de la propuesta, consideramos que la sectorialización discrecional para la designación de los constituyentistas, atenta contra la normativa constitucional que establece que la soberanía y el poder constituyente residen, intransferiblemente, en el pueblo, quien es el que, en ejercicio de dicho poder, puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
Entendemos por pueblo a todo ciudadano que se expresa a través del voto libre, universal, directo y secreto, sin excluir a ningún sector de la población, con una participación en condiciones de igualdad y pluralidad. Un ciudadano, un voto.
El Presidente puede, ciertamente, tener la iniciativa para que se convoque una Asamblea Nacional Constituyente, pero la convocatoria debe provenir del pueblo a través del voto, expresado en un referendo y, de igual forma, el texto constitucional producto de la Constituyente debe ser aprobado mediante referendo.
La Constitución es el pacto social y político más importante del país y no puede quien ejerza un poder constituido dar por terminado ese contrato social, que rige a toda una Nación, sin contar con la anuencia del soberano. Lo contrario implicaría que el Ejecutivo Nacional estaría usurpando la soberanía y ello terminará agravando la situación de conflicto presente en el país y quebrantando, de manera definitiva, el orden democrático y el hilo constitucional.
Estado debe oír clamor del pueblo
El Estado debe estar dando respuesta a las exigencias de los ciudadanos, dirigidas a la activación del cronograma electoral, la restitución de la independencia de los poderes públicos, el restablecimiento del Poder Legislativo, de la garantía de legalidad de las detenciones y juzgamiento por jueces naturales, dando solución a los problemas económicos y sociales que padecemos todos los venezolanos.
El organismo empresarial lamenta la pérdida de vidas humanas, especialmente de jóvenes, nuestros hijos; producto de la desproporcionada represión en las manifestaciones civiles. Rechaza la anarquía generada por la actuación de grupos violentos que actúan al margen de la ley y desvirtúan la legítima protesta ciudadana, pacífica y democrática, la cual reivindicamos desde el sector empresarial.
Insistimos en que la recuperación económica no será posible si no se soluciona la crisis política.
Derechos ciudadanos
Los empresarios exigen al Gobierno y a la Fuerza Armada Nacional garantizar el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el estado de derecho y los principios democráticos, y junto a todos los actores políticos y sociales del país, recuperar el camino a la paz, el respeto y el reconocimiento mutuo, superando las divergencias y enfocándonos, en el trabajo de todos, para enrumbar al país por la senda de crecimiento y desarrollo que todos merecemos.
Por otra parte, el presidente de Fedecámaras descartó la posibilidad de un paro nacional, advirtiendo que por el contrario, están tratando con grandes esfuerzos, de mantener abiertas las pocas empresas que aún quedan.
