Este martes fue aprobado en sesión plenaria de la Asamblea Nacional, un acuerdo en rechazo a la ejecución del denominado Plan Zamora y a la práctica inconstitucional de instalación de Tribunales Militares que usurpan la jurisdicción civil violando los derechos humanos.
El inicio de la discusión parlamentaria fue realizada por el diputado por el estado Carabobo, Marco Bozo, quien condenó la actuación de algunos funcionarios castrenses, que violan los derechos fundamentales de los venezolanos, únicamente para salvaguardar un régimen que está condenado a desaparecer.
«El plan Zamora es dictadura, es la puesta en marcha de los organismos de seguridad para ir en contra de manifestantes pacíficos y así lo decimos al mundo. Hace dos noches los cuerpos de seguridad en Carabobo detuvieron a más de 780 personas de manera arbitraria y ante la injusticia el gobierno nacional escudándose en el Plan Zamora, activó una jurisdicción militar para juzgar civiles, cosa que condenamos de manera categórica porque viola los derechos fundamentales de los ciudadanos», sentenció.
El parlamentario recordó además que la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2002, emitió una sentencia donde se aclara que la jurisdicción militar es única y exclusivamente para aplicarla a delitos castrenses.
Igualmente el diputado por el estado Lara, Daniel Antequera, denunció la brutal represión que funcionarios castrenses han aplicado a los habitantes de distintos sectores de la entidad, amparándose en el plan Zamora.
«El plan Zamora no es más que un nombre remozado de lo que es la OLP y los decimos con toda propiedad, así como lo dijo el vecino de la Sucre Osniel Orozco, donde utilizaron hasta drones para atacar a uno de los sectores populares que valientemente durante estos 39 días ha manifestado su deseo de cambiar esta realidad y de luchar contra esta dictadura. El plan Zamora no es más que utilizar la fuerza del Estado para amedrentar un pueblo y en el estado Lara lo hemos vivido», denunció.
Para cerrar el primer punto del orden del día, el diputado Henry Ramos Allup aseguró que el poder legislativo nacional está en la obligación de revelarse contra el Plan Zamora y contra la aplicación de jurisdicción militar a civiles, ya que existe una posibilidad latente de un golpe de Estado en Venezuela «para limpiar las culpas y la degradada reputación de las Fuerzas Armadas Nacionales».
«Este es un régimen militar y militarista y tiene que actuar como tal (…) los jueces militares son peores que los jueces civiles ciertamente, porque además pueden invocar en determinado momento el principio de subordinación, lo que hace que dependan del comandante en jefe que en este caso el presidente de la República», dijo.
Cabe destacar que el acuerdo parlamentario exige la libertad plena de todos aquellos civiles, que hayan sido procesados vía jurisdicción militar.
Sociedad civil afectada
Por otra parte, los diputados de la Asamblea Nacional realizaron un debate con distintos sectores de la sociedad civil, sobre las implicaciones que ha tenido el golpe de estado y la ruptura del orden constitucional en Venezuela.
En esta discusión se dio un derecho de palabra especial al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, (vía Skype) quien exhortó a las autoridades de Venezuela a que se establezca una fecha para realizar elecciones generales en el país, lo que a su juicio es la única solución a la situación que afronta el país.
«Sólo existe una solución a la crisis de Venezuela , para la solución que reclama el pueblo debe establecerse una fecha para elecciones generales inmediatas. Hay que devolverle el poder al pueblo de Venezuela», sentenció.
Asimismo el director general del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, denunció que debido a la crisis institucional que atraviesa el país, se ha activado una jurisdicción militar para sancionar a civiles que no han cometido ningún tipo de delitos.
Rafael Uzcátegui coordinador general de Provea, denunció que el Plan Zamora es simplemente un operativo de ocupación militar del territorio venezolano, en momentos de ausencia de democracia y por tal motivo se deben registrar y condenar todas las violaciones a derechos humanos que se han presentado en los últimos tiempos.
También, Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pidió respeto y seguridad para los periodistas y trabajadores de medios de comunicación y exhortó al parlamento para que elabore una ley de protección para el gremio.
