Mañana cumplen un mes detenidos, un mes de desesperación para los padres, madres y demás familiares cercanos quienes exigen la liberación de los privados de libertad retenidos en el Destacamento 120 de la Guardia Nacional Bolivariana, ubicado en Alí Primera, al norte de la ciudad.
Al menos 10 civiles esperaban recibir su libertad ayer, pero no fue posible debido a que el Juez Sexto de Control, Luis Martínez, decidió no dar despacho; dejando así sin respuesta a los afectados, sus familiares y a 40 fiadores que acudieron con los requisitos solicitados para generar la boleta de libertad.
“¿Cómo le digo yo a mi hijo que hoy tampoco va a salir cuando tenía esa ilusión? Y todo porque el juez está no sé dónde”, expresó Negdalis Ortiz con lágrimas en los ojos, madre de uno de los detenidos. Asimismo aseguraron que el trato en el lugar de reclusión no es del todo cordial, debido a que las condiciones del destacamento no permiten que los detenidos se bañen todos los días; ni siquiera sus necesidades pueden hacer con tranquilidad porque no tienen agua. “El baño estaba tapado y les dijeron que si eso no bajaba iban a tener que meter la mano ellos mismos para que bajara”.
Denunciaron que los recluidos debieron salir en libertad desde que tuvieron la audiencia hace 27 días, no obstante con el paso del tiempo se han colocado más obstáculos solicitando numerosos requisitos.
“Es difícil hacer que 40 personas vengan, es difícil trasladarlas para que entonces nos digan que el juez no dará despacho porque está en Caracas, porque está de reposo, porque está pero no nos quiere atender, ya ni sabemos”, indicaron las representantes.
Por supuesto, la indignación de los afectados hizo que permanecieran a las afueras del Edificio Nacional con la intención de obtener una respuesta, debido a que se solicitó que fuera el juez de guardia quien aceptara los recaudos y concediera la libertad; indicó Gustavo Peñalver, abogado defensor. Este además expuso que el juez encargado podría continuar retrasando el proceso, por lo que esperan que el mismo entre en razón y dé la orden de liberación.
No compete
En el Edificio Nacional también estaba presente uno de los abogados que ha llevado el caso de los civiles que pretenden ser enviados a Uribana. Explicó que el pasado domingo en horas nocturnas fueron trasladados a dicho lugar Juan Fernando Chávez, Luis Alfredo Ure y Henry Rodríguez; no obstante no fueron recibidos en el centro penitenciario debido a que fueron juzgados por delitos políticos y no comunes.
“Se imputó un delito que fue considerado nulo por el Ministerio Público”, explicó la abogado Mariuska Padilla. Aseguró que la sentencia se dio debido a la “diferencia de pensamientos” con respecto al Juez Octavo de Control, Amalio Ávila.
A Ramo Verde
Por su parte, el director de Movimiento Vinotinto, Manuel Virgüez, expuso que en todo el país han sido juzgados ante tribunales militares 266 civiles, de los cuales, 10 de estos casos se suscitaron en el estado Lara.
“La justicia militar no es para civiles”, es el nombre de la campaña que se ha emprendido a través de las redes sociales para denunciar la vulneración a los derechos que se ha tenido en las últimas semanas, en las que, sin importar el motivo, los ciudadanos comunes han sido juzgados a nivel militar.
Virgüez informó que esto está prohibido dado a los tratados internacionales que ha suscrito Venezuela y que la única excepción para que una persona pueda ser presentada en tribunal militar es que haya participado en un ataque con armas de guerra contra funcionarios militares.
Hasta los momentos seis civiles larenses fueron enviados a Ramo Verde y otros dos corren el riesgo del traslado en las próximas horas.
