A un estudiante, a un trabajador y a un deportista, le asignaron la cárcel de Uribana como sitio de reclusión, tras ser privados de libertad por encontrarse en las adyacencias de una protesta contra el Gobierno nacional que se desarrolló, la tarde del pasado viernes, en la Universidad Nacional Experimental Politécnica (Unexpo) de Barquisimeto.
La decisión fue tomada por el Juez de Control Octavo del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Amalio Ávila, en la audiencia de presentación de estos jóvenes, llevada a cabo en horas de la mañana de este domingo.
El abogado colaborador del Foro Penal Venezolano -capítulo Lara-, Abraham Cantillo, calificó la medida como irregular, inoportuna y aseguró que es “una ridiculez muy grande” que “pudiera tener un color”.
Según explicó, el fallo judicial se sustentó en una suposición de Ávila, quien cree que podría existir el uso de adolescentes para delinquir, considerando que estos hombres fueron detenidos con una adolescente, de 17 años de edad, quien fue puesta en libertad este sábado “porque el Ministerio Público (MP) consideró que no había cometido ningún tipo de delito y solicitó la nulidad de los actos”.
En este sentido, recalcó que la fiscalía del MP únicamente precalificó el delito de obstaculización de la vía pública.
“Es prudente señalar que el director de la acción penal es el Ministerio Público. A partir del 2013, que entraron en vigencia las instituciones establecidas en el Código Procesal Penal, se le quitó esa potestad a los jueces, pero pareciera que el doctor Amalio se encuentra en el pasado todavía, porque él no está facultado para generar un delito posterior. Eso se llama Ultra petita y es nulo de nulidad absoluta; sin embargo, no lo quiso reconocer”, explicó Cantillo.
Colectivos los agarraron
Familiares de los privados de libertad aseguraron a EL IMPULSO, mientras digerían la nefasta noticia, que ninguno de los tres ciudadanos se encontraba involucrado en la protesta.
Todos coincidieron en señalar que, la tarde del viernes, se desplazaban entre la calle 60, 61 y avenida Rotaria de Barquisimeto, cuando, en la carrera 16, fueron interceptados por civiles armados que ellos llamaron colectivos. Estos habrían apuntado y sometido a los hoy detenidos, para después entregarlos a funcionarios de la Guardia Nacional.
Los privados son Luis Alfredo Ure, de 30 años de edad, Juan Fernando Chávez, de 20 años, y Henry Rodríguez, de 23 años de edad.
Oscar Trotta, hermano de Luis Alfredo, de 30 años de edad, explicó que está empleado en una empresa distribuidora de carnes, transitaba por la zona en un camión 350, cuando “colectivos” lo apuntaron con armas de fuego y lo bajaron del vehículo para golpearlo y colocar cabillas, palos y otros objetos en la parte trasera.
A Rodríguez, comentaron allegados, lo capturaron mientras trabajaba en una frutera de la zona e intentaba defender a una menor de edad de un “colectivo”. Este joven formó parte de la Selección Nacional sub 23 que representó a Venezuela en el Mundial de Beisbol 2016, disputado en Monterrey, México. También habría participado en otras competiciones internacionales y conforma la selección larense.
Por su parte, Juan Fernando, estudiante del segundo semestre de Ingeniería Mecánica en la Unexpo Barquisimeto, se dirigía a su hogar en bicicleta, después de almorzar en el comedor de la universidad, cuando fue aprehendido por militares de la GNB.
Fase de investigación de 45 días
Estas personas fueron retenidas los primeros días en el Destacamento 121 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) –ubicado en la avenida Morán- y deberían ser trasladados, en las próximas horas, al centro penitenciario de la región centroccidental Sargento David Viloria.
“No sabemos (si realmente los llevarán a Uribana) porque los traslados hacia allá son irregulares. Los delitos que les imputan a estos jóvenes son delitos de acción civil que se generan por una manifestación, y constitucionalmente ellos están acobijados por la Carta Magna. En el acta policial no existe una forma para demostrar que la manifestación no era pacífica, de hecho ellos no estaban en ello”, expuso Cantillo.
En audiencia, los juristas del Foro Penal, en condición de defensores, pidieron la revocación de la medida pero obtuvieron una respuesta negativa y sin basamento legal; por ende, apelarán la decisión en las próximas horas.
Asimismo, Cantillo agregó que este asunto penal es similar al llamado “caso Cantv”, en el que cuatro jóvenes permanecieron detenidos en el Fuerte Militar Terepaima por 45 días, a partir del 21 de febrero de 2014, mientras intentaban demostrar vínculos con la quema de vehículos en el estacionamiento de la central telefónica Cantv, de la avenida Venezuela, ocurrida el 18 de febrero del mismo año. Salieron bajo presentación cada 30 días y, en mayo de 2015, recobraron su libertad plena.
FCU Unexpo-Barquisimeto se pronuncia
El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Unexpo-Barquisimeto, Carlos Ballesteros, en declaraciones a EL IMPULSO, rechazó y calificó de arbitraria la aprehensión del estudiante de dicha alma máter Juan Fernando Chávez, de 20 años de edad.
“Estamos totalmente en contra de este tipo de detenciones. Nos llama bastante la atención que los que asesinan en las calles, los verdaderos antisociales, hacen y deshacen como quieren; mientras chamos que, así estén o no estén protestando son el futuro de este país, por el simple hecho de estar ahí se le detenga. Este es otro rasgo más de la dictadura que estamos viviendo”, dijo.
Afirmó que el joven estuvo en la universidad en la mañana del viernes y pasó por el sector con rumbo a su casa, mientras otros compañeros trancaban las avenidas Corpahuaico y Rotaria.
En nombre de la comunidad estudiantil, repudió los ataques que ha sufrido la casa de estudios durante los últimos días y aseguró que se mantendrán en las calles. “La violación a la autonomía universitaria, los detenidos y los heridos no nos va a amedrentar. Estamos llamados a dar la cara en este momento histórico”, acotó.
ONG denuncia que corte militar venezolana ordenó encarcelar a 19 civiles
Una ONG denunció que 19 civiles fueron enviados a prisión este sábado por orden de un tribunal militar venezolano, que los acusó de delitos cometidos en el marco de las protestas contra el presidente Nicolás Maduro.
El abogado Luis Betancourt, de la organización de derechos humanos Foro Penal, denunció ante la prensa que la medida es ilegal, pues ningún civil puede ser juzgado por cortes militares.
Según dijo, la audiencia se desarrolló en un destacamento de la Guardia Nacional en el estado Carabobo, en cuya capital, Valencia, tuvieron lugar entre el martes y el jueves pasados protestas contra Maduro y saqueos que dejaron al menos un muerto, varios heridos y detenidos, y decenas de comercios arrasados.
“Quedaron privadas de libertad por (…) instigación a la rebelión y vilipendio”, indicó Betancourt.
Diputados opositores que acompañaron a familiares de los acusados aseguraron que más de 200 personas están siendo juzgadas por el tribunal castrense, aunque versiones de prensa indican que son 150.
“Se están violando garantías constitucionales”, denunció el parlamentario Juan Miguel Matheus.
Entre los detenidos hay opositores que protestaban contra Maduro y personas que presuntamente participaron en los saqueos.
