El presidente de la República Nicolás Maduro informó que estará evaluando la congelación de precios a propósito del nuevo aumento salarial del 35 % del ingreso mínimo integral. Dicha tarea estará a cargo del vicepresidente de la República, Tareck El Aissami, y del vicepresidente para la Planificación, Ricardo Menéndez.
Es la típica solución que desplaza el problema sin resolverlo. Más allá de que ninguno de los nombrados tiene formación ni competencia en el manejo de los asuntos económicos, lo relevante es que no aprendemos las lecciones.
Se pretende, una y otra vez, resolver el problema de la inflación con las mismas fórmulas, decretos y controles, probadamente erróneas. Los resultados, salvo un milagro, serán los mismos de siempre: mayor desabastecimiento y más inflación. Y empobrecimiento generalizado.
Hay que decir que la medida goza de cierta aceptación, cada vez menor, por cierto, porque todos quisiéramos detener la caída lamentable del poder adquisitivo de los últimos cuatro años. A primera vista luce como lógica, en la creencia de que los empresarios tienen la potestad de fijar los precios y porque, supuestamente, el afán desmedido de lucro los lleva a imponer precios lo más elevados posibles. Idea aprovechada ideológica y políticamente. La consigna es “agradece a quien te aumenta el salario y condena a quien te sube los precios”. Los empresarios son los malos. Si fuese cierto el cuento de que la voracidad empresarial causa la inflación, entonces Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Colombia, Francia, países de libre mercado, tendrían las mayores tasas de inflación, pero no es así.
La dura experiencia histórica de la humanidad ha demostrado que la congelación de precios no detiene la inflación, por el contrario la exacerba. ¿Y por qué sigue aplicándose? Porque libera de toda responsabilidad a las autoridades monetarias. Recuérdese que en febrero 2016 aumentó la gasolina en 6000 % y otros productos ofrecidos por empresas públicas corrieron la misma suerte. Aunque todavía quedan creyentes y manipuladores de esta tesis, cabe informar que quien aumenta los precios en Venezuela es la Sundde, organismo encargado de autorizarlos.
En los países donde no hay control de precios no hay inflación. La competencia inter-empresarial se encarga de empujar hacia abajo los precios, puesto que cada vendedor quiere quitarle clientes a sus competidores. En eso consiste la competencia. ¿Qué eso no ocurre aquí? Cierto. Pero no ocurre porque se eliminó la competencia empresarial y porque el Gobierno desenfrenadamente imprime dinero inorgánico (con idénticos resultados a si fuese falsificado) que no tiene contrapartida en bienes y servicios.
Hay muchos billetes y pocos productos. Venezuela es una enorme fábrica de billetes, al punto que los cajeros no se dan abasto. Crear dinero es muy fácil, una orden presidencial basta, como efectivamente ocurre cada mes. Requiere tan sólo informar que subió la Tasa Dicom (devaluación ficticia). Inmediatamente, sin que hayan ingresado más dólares al país, se autoriza la emisión de bolívares, más billetes.
Y cuando no, sencillamente, Pdvsa honra sus obligaciones fiscales con una promesa de pago al BCV (pagaré) y con el respaldo de este papel, se emite la orden de crear más dinero. Pero la producción de bienes servicios no se incrementa con decretos y micrófonos, sino con incentivos empresariales, trabajo, conocimientos y rentabilidad.
Con el dinero inorgánico se mantiene una nómina redundante en el sector público. Gente que tiene ingresos pero son improductivos, demandan bienes pero no contribuyen a la oferta. Cada vez que se persiste en esta práctica, se agrava el problema, es decir, al hacer mayores transferencias sin contrapartida productiva, aumenta el desequilibrio entre la demanda y la oferta, más plata y menos productos. Y más dinero detrás de pocos productos, eleva los precios.
La ingenuidad y la manipulación ideológica lleva a pedir justicia económica: vamos a fregar a los empresarios, obligarlos a que ganen menos, congelación de precios. Veamos las cosas numéricamente la reciente medida del 1° de Mayo. Aumento de salarios en 35 %, es decir, por decreto suben los costos de la mano de obra, obviamente el costo de las materias primas producidos por trabajadores de otras empresas también se verá incrementado, pero el decreto impide a los empresarios, comerciantes, vendedores subir los precios, bajo pena de castigo. ¿Y cuál es la respuesta? Bajar la santamaría, irse con su música a otra parte, dejar de invertir. Ello es así (particularmente en Venezuela, economía importadora, donde más de 2/3 de la población se dedica a los servicios) porque sencillamente no les da la base.
Tras permitir las flexibilizaciones y hacer las promesas, ahora anuncia un aumento del salario mínimo y el bono de alimentación y una congelación de precios, lo que constituye ciertamente una contradicción. Ojalá que el Ejecutivo se deje guiar por la academia o por expertos de otros países, para que entiendan que la causa del problema son sus propias políticas económicas.
De no resolverse esta contradicción, los más perjudicados serán los que se quería beneficiar, los trabajadores. Los bachaqueros –al mayor y al detal- estallarán de júbilo si se aprueba esta medida, arreciará el desabastecimiento, y cerrarán más empresas.
