El expresidente peruano Ollanta Humala enfrenta de nuevo la sombra de su pasado como represor de las guerrillas en 1992, tras la decisión de la fiscalía de reabrir una investigación por presunto delito de lesa humanidad contra los militares de una base que comandó.
La investigación reabierta no menciona a Humala por su nombre y abarca de manera genérica a «los que resulten responsables de las torturas y desaparición de diversas personas en la localidad de Madre Mía ocurridas en la década de los 90», según indicó el Ministerio Público.
La decisión de la fiscal Edith Chamorro se sustentó en la reciente difusión por la televisión local de «testimonios de dos nuevos testigos en el caso de presuntos asesinatos ocurridos en Madre Mía, en la región San Martín», en el noreste del país.
Según la fiscalía, «las víctimas habrían sido torturadas y arrojadas al río por orden de los mandos militares que controlaban la zona, luego que fueran acusadas de terrorismo».
«La aparición de los nuevos testigos constituye elementos suficientes para iniciar una nueva investigación, la misma que buscará establecer a los responsables de dichos asesinatos», destacó el organismo.
En Madre Mía, Humala dirigió en 1992 como capitán del ejército, bajo el nombre de guerra de «capitán Carlos», una base militar encargada de la lucha antisubversiva en el marco del conflicto entre las fuerzas armadas y las guerrillas de Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA).
