El uso de los términos no garantiza su existencia o aplicación, tampoco una comprensión de sus alcances. Algunas de las palabras más usadas en el discurso del actual gobierno han sido “justo”, “justicia” y “ajuste”. No obstante, parte de la población venezolana, ya no se conforma con que estas sean incorporadas en el nombre una institución o una ley, sino que exige que en la práctica se cumplan.
Entonces, ¿qué es justo?. La palabra proviene del latín “iustus”, y visto como un adjetivo, se refiere a una obra, pensamiento o acción basado en la razón, imparcialidad, justifica y probidad.
Apoyados en dicha definición, se deriva que los Precios Justos, marcados según la ley orgánica de igual nombre, cuya aplicación es responsabilidad de la Superintendencia de Precios Justos (Sundde), gocen de estas características.
Sin embargo, de ser así, por qué las inspecciones realizadas por dicho organismo generan el rechazo de la población, no sólo en el comerciante o industrial, sino también en el consumidor y el usuario.
Productores venezolanos denuncian que lo marcado en las gacetas oficiales no se adapta a sus estructuras de costo, por lo que las empresas reducen producción o cierran, lo que se traduce en una limitada oferta de bienes y servicios. Como consecuencia, se genera un repudio social al organismo y sus procedimientos.
Tal y como ocurrió el mes de marzo en Cabure, estado Falcón, donde los habitantes impidieron que funcionarios de la Sundde tomaran una panadería, tras declaraciones del presidente Nicolás Maduro sobre la “guerra del pan”.
La pregunta que salta a la mente es: ¿los ciudadanos desconocen las instituciones por irrespeto o en rechazo a la “justicia” que ofrecen aplicar? Existe un legítimo temor por tratarse de una sociedad militarizada, lo que limita la organización, sin embargo redes sociales sirven como vía de denuncia.
El juego social
Al respecto fue consultada la coordinadora del capítulo Lara de Transparencia Venezuela y sociólogo de la escuela de economía de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (UCLA), Yonaide Sánchez, quien manifestó que la reacción de los venezolanos ante episodios como el de las panaderías es resultado de una “fractura de las reglas del juego institucional”.
En todo escenario, público o privado, las normas gozan de un valor fundamental, como marco de referencia que permite a los actores saber cómo actuar y cómo no, qué esperar y a qué nivel se transgreden los acuerdos. Cuando el ejecutivo actúa de una manera que no es la esperada estos se rompen y el ciudadano queda en desprotección. También adolece de niveles organizativos que le permitan reaccionar de manera adecuada.
La colectividad se resiente, se molesta. La población rechaza la intimidación y la amenaza con la cual se realizan los procesos, junto con la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Se critica que el dueño del establecimiento no pueda explicar las razones por las cuales su negocio funciona de una u otra manera, situación que puede resultar en el arresto de algún trabajador o representante de la empresa, que jurídicamente es reconocida.
Por su parte, Roberto León Parilli, presidente de la Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), expresó que el rechazo a las inspecciones es resultado de la ineficiencia de los organismos para el cumplimiento de sus funciones. “Hemos visto que cada vez se le otorgan más facultades a instituciones como Sundde y la población aún presenta severos problemas de acceso a alimentos, derecho humano y constitucional”.
La reciente amenaza gubernamental a las panaderías, de toma de estas y entrega a los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), se relaciona con las experiencias anteriores de expropiación de empresas, cuya producción se ha venido en merma. En tal sentido, el rechazo ciudadano exige mayor transparencia y apego a las leyes por parte de organismos fiscales, a fin de recuperar la confianza en estos como instituciones y en sus intenciones.
Sobre el tema Cipriana Ramos, ex presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios (Consecomercio), expresó que el respaldo que les ha brindado el consumidor, se debe a que reconocen en ellos un aliado que con su trabajo oferta un producto que ellos necesitan, a diferencia del trabajo de las comunas y los Clap que imponen cuándo y qué comprar.
Como parte de este respaldo, en el país se crean redes de protección al comerciante. Una de estas funciona en los Valles del Tuy, estado Miranda, donde la comunidad organizada está atenta a las inspecciones y pide ser parte de estas, a fin de cerciorarse de que los derechos del empresario no sean violentados, puesto que de ser así puede ocurrir un cierre que posteriormente afecta a la misma comunidad. Cuando este incumple la ley, sostuvo, también velan porque reciba la debida sanción.
Reconoció que sí existe temor por la represión con que actúan los organismos públicos, “también hay miedo al hambre”.
Derechos restringidos
A pesar de que la misión de la Sundde comprende la garantía de los derechos socioeconómicos, estos son inaccesibles debido a los controles económicos que restringen la actividad. Así lo consideró León Parilli, para quien el término refiere aspectos como el poder adquisitivo, afectado por la inflación, y el acceso a los alimentos, establecido en el artículo 305 de Constitución, también limitado por la caída productiva.
Sánchez, por su parte, manifestó que la problemática de las panaderías, por ejemplo, inicia con el carente acceso a los alimentos como un derecho, al igual que ocurre con la salud y otros.
-Vemos cada vez más restringidos nuestros derechos económicos, sociales y civiles y cuando eso nos ocurre también se violentan otros derechos como el de la propiedad privada… El venezolano debe ser uno de los más indefensos del planeta, porque incluso acude a un tribunal sin saber si será atendido.
Ramos calificó la acción de la Sundde como “represiva y autoritaria”, en comparación con organismos anteriormente dedicados a la materia como el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis) y el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indecu).
-El problema es que ahora pretenden atacar la consecuencia y lo único que tiene para distribuir es la pobreza.
Sistema perverso
Al consultarle a la socióloga si el empleo recurrente de la palabra “justo” ofrece alguna garantía a la colectividad, indicó que el sistema económico venezolano registra numerosas perversiones, lo cual conduce a un deterioro continuo de la calidad de vida, por lo que desde diversos sectores se cuestiona si el término realmente se aplica.
-Producto de ese deterioro, se habla de que la sociedad venezolana padece un daño antropológico tanto físico como emocional, del espíritu… Las personas están tristes, no comparten porque hay hambre, no hay alegría.
El escenario es contrario a un ambiente “justo”. Para la existencia en el mercado de Precios Justos, se requiere de estabilidad económica, incentivos para la producción y las nuevas inversiones, además de un gobierno que cumpla su papel de regulador y garante de las condiciones y el cumplimiento de las reglas del juego. La ausencia de materias primas e incrementos presidenciales del salario mínimo, dictados constantemente, impiden la formación y fijación justa de los precios.
En opinión de la representante de Transparencia Venezuela, tampoco es posible referirse a salarios justos o condiciones justas de vida, motivado a l a corrupción del sistema.
Acotó que la falta de justicia también se expresa en la población que ha caído en pobreza por ingresos, indicador que entre 2014 y 2016 pasó del 48% al 81%. “El sistema actual y la pobreza arrasan con sectores vulnerables, la clase media y propietarios de pequeños negocios”.
Estudios como la Encuesta Condiciones de Vida (Encovi) 2016 hacen referencia a la pérdida de peso de los venezolanos. Por tanto, no existen precios justos sin justicia económica, social o institucional.
León Parilli, se refirió al término de “gobernanza económica”, también establecido en la visión de la superintendencia. Expresó que los resultados sobre este respecto han sido “nefastos”
-El ciudadano cada día excluye un producto de su lista de compras y esto no es calidad de vida, porque calidad de vida no se refiere al consumo básico, el cual tampoco adquieren muchos venezolanos
Criticó que con la creación de la Sundde y la Ley de Precios Justos, se limiten paulatinamente los derechos de consumidores y mecanismos de defensa, conquistas de los estándares internacionales que estaban expresas en la Ley para la Defensa de Personas, en el Acceso a Bienes y Servicios.
-La Sundde se creó como un supraorganismo con amplias facultades, pero sin procedimientos definidos para el consumidor. El organismo actúa según criterio de los funcionarios. Se les dio mucha discrecionalidad y se eliminaron los procesos, lo que resta eficiencia a las acciones.
Subrayó que existen múltiples denuncias de consumidores, las cuales merecen el debido proceso, puesto que no todas son ciertas. Sin embargo, no hay procedimientos claros. “Organismos como estos pueden hacer de todo y terminan haciendo nada, porque generan represión y alejan la inversión y las posibilidades de competencia”.
El rechazo de la población a procesos públicos que redunda en perjuicios para sí mismos, se hacen cada vez más recurrentes. El temor de la sociedad también se hace latente.
