Este viernes representantes de distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG´S), acudieron hasta la sede del Tribunal Supremo de Justicia en la ciudad de Caracas, para interponer una demanda contra el ministro de Transporte Terrestre, Ricardo Molina, y Gerardo Molina, Presidente del Metro de Caracas.
La iniciativa fue encabezada por Espacio Público, junto al especialista en Derechos Humanos Gregorio Riera, Provea y Acceso a la Justicia; quienes solicitan la protección de derechos e intereses difusos y una medida de amparo cautelar, por el cierre sistemático y arbitrario del servicio del Metro de Caracas cuando hay convocatorias a manifestaciones pro-oposición.
Explican que durante los días de manifestación pro-oficialismo, el servicio del Metro de Caracas ha estado generalmente operativo en su totalidad; sin embargo, durante los días de manifestación pro-oposición el Metro ha suspendido el servicio en diversas estaciones.
Asimismo denuncian que estos cierres evidencian la motivación y finalidad discriminatorias para restringir la movilización de opositores, aun cuando las consecuencias de la medida afectan a todos los usuarios del servicio por igual, violando los artículos 21, 53, 57, 62 y 68 de la Constitución Nacional.
Indican además que la suspensión de los servicios del Metro viola los derechos humanos fundamentales a la igualdad y no discriminación, libre tránsito, libertad de reunión pacífica, libertad de expresión, y a manifestar pacíficamente.
Sólo es posible restringir la libertad de tránsito cumpliendo con tres condiciones: que la medida sea i) legal; ii) persiga un fin legítimo; iii) idónea, necesaria y estrictamente proporcional en una sociedad democrática, como lo consagran los artículos 50 de la Constitución, 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 22.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
